“¡Esto es un escándalo judicial! Sacaron pasaje a la impunidad”, explotó Alberto Lebbos en la entrevista con LA GACETA cuando se le preguntó si sabía que se habían cerrado los expedientes de dos personas que debían ser investigadas en la causa por el crimen de su hija Paulina. Días después, se supo que con los otros 39 sospechosos podría haber sucedido lo mismo. A algunos, ni siquiera se les habría imputado delito alguno. A otros, la prescripción de las causas jugó a su favor. Otra vez, como sucedió a lo largo de los 20 años, la causa quedó cubierta por un manto de dudas y sospechas.

El 25 de febrero de 2019, el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto condenó a Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de Policía), Rubén Brito (ex segundo jefe de la Unidad Regional Norte) y Walmiro Rodríguez (ex uniformado) por encubrimiento y absolvió a Roberto Luis Gómez por el homicidio. Pero también ordenó investigar a 42 personas por falso testimonio, encubrimiento, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cualquier otro delito que pudiera surgir de la pesquisa.

Esa lista estaba integrada por nombres que movilizaron esos días a la sociedad tucumana. El ex gobernador José Jorge Alperovich, Mario López Herrera (ex ministro de Seguridad), José Díaz (ex jefe de Policía), Francisco Picón (ex subjefe de Policía) y Lilia Moyano (perito de la fuerza), José Ardiles (ex subsecretario de Seguridad) fueron los más resonantes. En esa nómina también aparecían todos los señalados como los posibles autores del crimen (salvo César Soto y Sergio Kañeluk, a los que se pidió que se los investigara por haber acabado con la vida de la estudiante) y los mencionados en la línea narco, entre otros.

Quedaron fuera por haber fallecido Daniel Paz (ex chofer y hombre de confianza de Alperovich), Rubén Urueña (dirigente deportivo y presidente de Central Córdoba) y Alfredo Jiménez (uno de los ex comisarios contratado por el alperovichismo para que colaborara con la investigación del caso). Como estas investigaciones se manejaron en el mayor de los secretos, LA GACETA no pudo establecer si hay otras personas a las que se les cerró el expediente por haber fallecido, tal como establecen las normas.

Derrotero judicial

Los jueces dispusieron que estos expedientes fueran investigados por Diego López Ávila, fiscal que llevó adelante la pesquisa que terminó en el juicio. En febrero de 2021, a días de que prescribiera la causa, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia. El fiscal designado ya cumplía el rol de titular de una unidad especializada en Robos y Hurtos, por lo que se dispuso que las causas pasaran a manos del Fiscal Regional, cargo que en esos momentos era ocupado por Mariano Fernández.

“Al tratarse de delitos contra el Estado, legalmente no se permite que la querella acompañe el proceso. Hablaba con Fernández para preguntarle qué novedades tenía y siempre me respondía que estaba trabajando. Ya en esos tiempos le advertía que esas causas podrían haber prescripto”, recordó Lebbos.

Fernández pidió que sean enjuiciados por falso testimonio Ramón Fernández, Jorge Jiménez y Raúl Ferreyra, y por encubrimiento, Francisco Picón, Ricardo Maruf y Virginia Mercado. También archivó algunos expedientes por considerar que los acusados no habían cometido delito o porque la causa había prescripto. Cuando avanzaba en las resoluciones, fue desplazado del cargo y enviado a conducir otra fiscalía.

Fue reemplazado por Fernando Blanno. “Ese hombre ni siquiera tuvo la amabilidad de atenderme. No sé qué hizo”, señaló Lebbos. En principio, según fuentes judiciales, no habría solicitado el enjuiciamiento de ninguno de los señalados. No se informó si procesó a algunos de ellos o qué casos decidió archivar por prescripción o porque no tenía pruebas para acusarlos.

Sí trascendió que su par Carlos Picón, cuando lo subrogó por unos días, podría haber firmado el archivo de algunos de los mencionados, pero no trascendió a quién se decidió no investigar. Por último, los fiscales de cámara Daniel Marranzino y Estela Giffoniello convalidaron los juicios abreviados que se desarrollaron hasta el momento.

Sin novedades

“El Ministerio Público Fiscal no tiene para resolver ninguna de las causas derivadas del juicio”, sostuvo el ministro Fiscal Edmundo Jiménez. Lo cual implica que no hay expedientes por resolver ni personas para ser enjuiciadas. Es decir, solo se habría avanzado con seis de los 39 señalados.

“Esto es sencillamente terrorífico. Terminaron sellando el círculo de impunidad para que no se supiera qué pasó con mi hija”, destacó Lebbos. “Sería importante que un legislador, solo uno, se atreva a pedirle al señor Jiménez que le informe qué pasó con esas investigaciones. No es tan difícil. ¿A qué le temen?”, se preguntó el padre de la víctima.

Además de apuntar contra Alperovich, Lebbos cuestionó otras decisiones. “Si al ex fiscal Carlos Albaca lo condenaron a seis años de prisión por no haber tomado las medidas necesarias para preservar las muestras biológicas, ¿por qué no pasó lo mismo con Lilia Moyano, la bioquímica que recolectó las evidencias y que debía haberlas preservado? ¿Será porque después de retirarse de la Policía pasó a trabajar en el Ministerio Público?”, se preguntó. “¿Y Juan Cruzado? El remisero que acordó con la Policía mentir que él había transportado a Paulina y a Virginia. Esto es un escándalo”, finalizó.

Legalmente, se puede corregir esta situación. Los funcionarios judiciales son los únicos que pueden solicitar el desarchivo de esos expedientes. Es muy poco probable que den marcha atrás en la decisión y, además, la mayoría de ellas, si no todas, prescribieron por el paso del tiempo.