Después de 20 años de un largo y polémico derrotero judicial, sólo se pudo demostrar que en el crimen de Paulina Lebbos se habría montado una enorme red de encubrimiento para evitar que se supiera qué había sucedido con la joven. Fueron 10 las personas condenadas que cumplían roles de importancia en el Estado, pero no se resolvió la situación de otras 21, entre ellas, el ex gobernador José Jorge Alperovich, funcionarios del área de Seguridad y policías.

En el primer juicio por el caso, desarrollado en diciembre de 2013, fueron condenados el comisario Enrique García y los oficiales Manuel Yapura y Roberto Lencina, por haber cometido irregularidades el día que hallaron el cuerpo. En el segundo debate fueron penados Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza), Rubén Brito (ex segundo jefe de la Unidad Regional Norte) y Walmiro Rodríguez (ex uniformado). Después recibieron condenas de cumplimiento condicional Francisco Picón (ex subjefe de Policía) y Rodolfo Maruf (ex jefe del Departamento de Inteligencia).

En su fallo de 2019, los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto entendieron que podría haber más personas implicadas en el montaje de la red de encubrimiento.

Una de las líneas más polémicas fue la de las personas que intervinieron en el cuestionado ascenso que recibió el comisario García, que se concretó cuando ya estaba siendo investigado por encubrimiento. Esa lista está integrada por Alperovich, Mario López Herrera (ex ministro de Seguridad), Di Lella, Sánchez y Barrera, quienes firmaron el decreto que autorizaba su promoción.

Fueron señalados por esa misma irregularidad José Díaz y Jorge Racedo (fueron jefes de Policía), José Ardiles (ex subsecretario de Seguridad), Margarita Fátima Gómez, Héctor Sosa, Heberto Cortés y Néstor Hugo Juárez que integraron la comisión evaluadora que le permitió ascender al luego condenado García.

Pero también hubo otros policías que deberían haber sido investigados: Lilia Moyano, Fernando Vázquez Carranza, Jorge Mazuy y Daniel Díaz (peritos de la fuerza), Ernesto Fierro (tuvo a su cargo la preservación del lugar del hallazgo del cuerpo), Raúl Lobo (ex jefe de Bomberos), Gustavo Herrera (agente de la comisaría de Raco), Jesús Guerra (no supo precisar por qué estuvo en la ruta que une Raco con la capital el día que hallaron el cuerpo) y Arturo Polli (chofer de Sánchez, que lo llevó a una reunión en la villa veraniega).