El Senado de la Nación aprobó este viernes la reforma del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con esta sanción, el oficialismo sumó un nuevo avance legislativo en el marco de las sesiones extraordinarias. Durante el debate, la ex ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó además un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de hechos de inseguridad.

La iniciativa había recibido previamente media sanción en la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado en general con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones. En la Cámara Alta, en tanto, la norma obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. A continuación, los principales cambios de la reforma.

¿Desde qué edad podrán ser imputables los menores?

La edad de imputabilidad será a partir de los 14 años, un cambio sustancial porque hasta ahora los adolescentes son juzgados y eventualmente detenidos por cometer delitos a partir de los 16 años de edad, siempre que la pena máxima sea mayor a dos años de prisión.

¿Qué pasará con los menores de 15 años que cometan delitos graves?

Bajo la normativa vigente, a una persona de 15 años que comete un delito grave -como un homicidio- se le abre un procedimiento en los tribunales y eventualmente puede ser internada en un instituto por orden de un juez de menores, pero no puede ser juzgada ni condenada. Con el nuevo régimen, un adolescente de esa edad podrá ser imputado, procesado y, en delitos de ese tipo, eventualmente condenado a prisión.

¿Cómo se tratarán los delitos menos graves cometidos por adolescentes?

Hoy un adolescente que comete un delito menos grave como puede ser el robo simple, que tiene una pena mínima menor a dos años, no puede ser condenado, mientras que con el nuevo régimen esa misma persona sí podrá ser imputada y recibir una condena, aunque no será de prisión efectiva si la pena prevista no supera los tres años.

¿Qué límites tendrán las penas para los menores de edad?

Cuando la condena sea por delitos que contemplan penas de hasta tres años, el menor no irá preso. De ahí para arriba, la condena a prisión para los menores de 18 será como máximo de 15 años. La nueva ley prohíbe taxativamente la imposición de penas de reclusión o prisión perpetua.

¿Qué alternativas habrá a la prisión en determinados delitos?

Cuando el delito tenga penas que vayan de los tres a los 10 años, el juez podrá reemplazar la prisión por otras alternativas, como la realización de tareas comunitarias, la asistencia a programas de formación o incluso la libertad asistida, siempre que no haya existido muerte o violencia grave y que el imputado no tenga antecedentes.

¿Dónde cumplirán las penas los menores condenados?

Las condenas privativas de la libertad no se cumplirán necesariamente en la cárcel y, en caso de ser así, deberán ejecutarse en una sección separada de los adultos dentro del establecimiento penitenciario. El juez o tribunal deberá priorizar que la sanción se cumpla en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención.

¿Quién supervisará el cumplimiento de las sanciones?

En la etapa de ejecución, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción.

¿Los padres tendrán responsabilidades por los delitos de sus hijos?

Una de las novedades más polémicas es que los progenitores serán civilmente responsables por los daños y perjuicios derivados de los delitos cometidos por sus hijos, con el objetivo de involucrar al núcleo familiar en la conducta y reparación del daño causado.

¿Cómo será el seguimiento del menor imputado?

Se crea un cuerpo de profesionales encargados del seguimiento, asistencia y control del imputado. El supervisor no solo vigilará el cumplimiento de las penas, sino que será el nexo para garantizar el acceso del joven a educación y programas de salud, con informes periódicos al tribunal.

Familiares presentes en el debate

Familiares de víctimas de homicidios, en manos de menores de edad, consideraron “un logro” y se mostraron emocionados frente a la reforma penal aprobada por el Senado que baja la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, con la modificación de la Ley Penal Juvenil.

En diálogo con Noticias Argentinas, Paola Eiroa, madre de Ezequiel Altamira, quien fue asesinado a la salida del boliche bailable Club Leloir, señaló que están “muy contentos todos”, así como destacó que durante la sesión se mostró “mucho respeto” hacia los allegados presentes.

Por su parte, Laura, la madre de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada por delincuentes, contó a NA: “Esto es una esperanza para todos los argentinos, es una herramienta. Tendría que haber salido hace mucho tiempo atrás y así, quizás, los asesinos de todos los que estamos hoy en el Senado habríamos tenido un poco de justicia”. “Estamos contentos, emocionados y agradecidos con todo senador que votó la aprobación. Agradezco a cada uno de los 149 diputados, también. Es un cambio enorme para el país”, cerró Fernández.

Por su parte, Marcos Gómez, el padre de Kim Gómez que fue asesinada en La Plata durante un robo, compartió una extensa dedicatoria en redes sociales: “Me siento triste y tranquilo al mismo tiempo. Hoy tuve que tomar una decisión con el corazón. Era el último día del juicio donde podía llegar a hablar y contarles quién fuiste, a los jueces, la fiscal y la defensa, pero no fui y me duele no haber estado”. Sin embargo, Marcos enfatizó: “Se trató la ley que peleo desde hace mucho, que ni a mí ni a vos nos va a servir para algo porque llega tarde para nosotros, pero estoy seguro que para muchos va a ser muy importante. Vine a poner la cara para que sientan vergüenza cuando me miren a los ojos”.

Un debate intenso

El bloque del peronismo se manifestó en contra del proyecto desde el inicio de la discusión. Legisladores opositores cuestionaron que la norma prioriza el enfoque punitivo y advirtieron que el presupuesto previsto es insuficiente para implementar el nuevo sistema en todo el país.

Según el texto aprobado, el esquema contempla $23.700 millones destinados a las provincias para adecuar instalaciones y crear estructuras específicas del sistema penal juvenil.

El senador Jorge Capitanich advirtió que sin recursos suficientes la ley podría quedar “en letra muerta” y convertirse en una “frustración colectiva”. Desde el oficialismo, el cordobés Luis Juez rechazó las críticas y respondió con dureza: “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia”.