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Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”
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La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción a la Ley Hojarasca, un proyecto impulsado por el Gobierno para derogar 63 leyes obsoletas y desregular la economía nacional.
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La iniciativa, diseñada por el ministro Sturzenegger, se aprobó con un quorum ajustado de 129 diputados tras haber perdido estado parlamentario en su presentación de 2024.
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El proyecto pasa ahora al Senado para buscar su sanción definitiva, lo que consolidaría la reforma del Estado de Milei al eliminar costos y regulaciones de diversas eras.
Federico Sturzenegger FOTO TOMADA DE BAE.COM
El plan de reforma del Estado y desregulación económica que lleva adelante la administración de Javier Milei anotó un punto clave en su agenda parlamentaria. En una jornada marcada por la paridad numérica y una intensa tensión política, la Cámara de Diputados consiguió otorgar media sanción a la Ley Hojarasca, una de las iniciativas más postergadas del paquete oficialista. El avance legislativo representa un respaldo directo a la estrategia diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de su titular, Federico Sturzenegger.
El oficialismo logró destrabar el debate en el recinto tras alcanzar el quórum de manera sumamente ajustada: se contabilizaron 129 diputados presentes y 128 ausentes, el número exacto requerido para abrir la sesión y habilitar el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario. Con este paso, la iniciativa supera su primer gran filtro parlamentario tras haber perdido estado parlamentario en su versión previa, remitida originalmente al Congreso en octubre de 2024.
¿Qué es Ley Hojarasca que impulsa el Gobierno?
El propósito medular de la Ley Hojarasca consiste en la eliminación en bloque de decenas de leyes nacionales dictadas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), este conjunto de normas ha devenido en inútil, obsoleto, superado por legislaciones modernas o directamente colisiona con los principios establecidos en la Constitución Nacional.
La argumentación oficial sostiene que estas 63 leyes vigentes imponen costos económicos innecesarios sobre las espaldas de los contribuyentes, restringen las libertades individuales y entorpecen el desarrollo de la actividad privada.
La metáfora que da título al proyecto de ley no fue elegida al azar. Desde la cartera de Desregulación explicaron el sentido de la nomenclatura: “Hojarascas son las hojas que se caen y se desechan”. Bajo esa premisa, la meta del Gobierno es barrer con todo aquello que califica como un “exceso, inútil, sin propósito” dentro del digesto jurídico argentino.
Los seis ejes del proyecto de Sturzenegger
Para instrumentar la reforma, la iniciativa contempla la derogación total de 63 leyes y la modificación parcial de otros diez textos normativos, que pueden agruparse en seis tipologías:
- Normas que imponen restricciones a la libertad de los ciudadanos y afectan el derecho de propiedad.
- Leyes que obligan a la realización de trámites burocráticos superfluos.
- Disposiciones que fueron tácita o explícitamente superadas por marcos legales posteriores.
- Leyes que perdieron vigencia fáctica debido al salto tecnológico.
- Normativas vinculadas a obligaciones de organismos públicos que ya fueron disueltos.
- Leyes que estructuran el sostenimiento de entidades con fondos públicos cuando deberían autofinanciarse.
Todas las leyes que busca derogar la Ley Hojarasca
1. Leyes superadas por normas posteriores
Este bloque reúne normativas cuyas materias ya cuentan con una regulación moderna, lo que vuelve redundante su permanencia en el sistema legal.
- Ley N° 94 (1864): establece una inhabilitación de una década para las autoridades que ordenen azotar a un individuo. Dado que los castigos corporales fueron desterrados definitivamente por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el Gobierno remarcó que resulta “absurdo mantener” una norma que “ha perdido vigencia”.
- Ley N° 3.863 (1899): otorgaba exenciones impositivas temporales a aseguradoras de riesgos agrícolas. Según la argumentación oficial, ligada al antiguo ordenamiento civil, “actualmente carece de sustento normativo”.
- Ley N° 16.789 (1965): obliga a las dependencias estatales a comprar exclusivamente vehículos de producción nacional para sus flotas.
- Ley N° 17.557 (1967): regulaba los requisitos para la instalación y uso de equipos de rayos X, materia que fue absorbida y actualizada por la Ley N° 26.906.
- Ley N° 20.400 (1973): prohibía transacciones destinadas a proveer mano de obra que no se ofreciera de forma voluntaria, un objeto legal superado por la Ley N° 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.
- Ley N° 20.843 (1974): conocida como la Ley de “Padrinazgo Presidencial”. El texto de la Ley Hojarasca prevé que quienes perciban beneficios bajo este esquema puedan optar por mantenerlos, pero se discontinúa el régimen hacia adelante.
- Ley N° 21.778 (1977): facultaba a firmas públicas a licitar contratos de exploración petrolera. El Ejecutivo consideró que “esta ley devino obsoleta por las normas dictadas ulteriormente, en particular las modificatorias de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos”.
- Ley N° 22.109 (1979): dictaba pautas de aislamiento y vacunación obligatoria frente a la viruela, materia superada por la Ley de Vacunas N° 27.491.
- Ley N° 23.678 (1989): fijaba pautas de liquidación de regalías de petróleo, un mecanismo técnico perfeccionado por normativas hidrocarburíferas posteriores.
- Ley N° 24.675 (1996): regulaba la tarea de los auxiliares de la Justicia en el fuero federal, disposición que fue declarada inválida por la propia Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada N° 60/96.
2. Normas obsoletas por el avance tecnológico y económico
El transcurso del tiempo y la digitalización volvieron impracticables o anacrónicos los incentivos y procedimientos fijados en este grupo de leyes.
- Ley N° 448 (1870): disponía una recompensa económica en metálico para el descubrimiento de yacimientos de carbón. El argumento oficial para su eliminación sostiene que “el carbón mineral es una de las fuentes de energía más contaminantes que existen; por lo tanto, su uso debe ser desalentado, no premiado”.
- Ley N° 3.235 (1895): destinada a la compra de material de defensa a fines del siglo XIX, con partidas fijadas en valores monetarios totalmente desactualizados.
- Ley N° 16.879 (1965): preveía reintegros y beneficios fiscales a la industria nacional que ganara licitaciones internacionales eléctricas. Para el PEN, se trata de “un esquema tributario que no ha tenido aplicabilidad práctica”.
- Ley N° 18.569 (1970): imponía el uso del microfilm para el archivo de documentos en el Ejército. Desde el área comandada por Sturzenegger señalaron que “hoy día, se ha convertido en algo totalmente arcaico que ha sido reemplazado por medios digitales más eficientes”.
- Ley N° 19.648 (1972): catalogaba de interés nacional la minería del carbón. La fundamentación oficial para retirarla argumenta que “hoy, lejos de ser de interés nacional, lo que se busca es ‘descarbonizar’ la economía”.
- Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989): similares a la norma del Ejército, autorizaban la microfilmación en la Armada y en el resto de los organismos del Estado, respectivamente.
- Ley N° 20.577 (1973): declaraba de interés nacional las innovaciones en los sistemas de transmisión de televisión.
- Ley N° 21.895 (1978): es la ley que autorizó el inicio de las transmisiones televisivas en color en el país. El Gobierno considera que “ya existe un marco normativo moderno en materia de comunicaciones que la torna innecesaria”.
3. Normas que afectan libertades individuales
El Ejecutivo puso especial énfasis en derogar regulaciones que considera contrarias al principio de igualdad ante la ley, a la libertad de prensa o que imponen controles sociales de eras pasadas.
- Ley N° 14.034 (1951): castiga con prisión a los ciudadanos argentinos que defiendan o promuevan sanciones políticas o económicas contra el Estado nacional.
- Ley N° 18.312 (1969): estructuró el fondo estatal para la producción de papel prensa. El PEN argumentó que “esta ley del gobierno de facto de 1966-1970 busca restringir la libertad de expresión”.
- Ley N° 19.787 (1972): una norma dictada por el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse que obligaba a la difusión prioritaria de la “música argentina” en las radios.
- Ley N° 20.120 (1973): otra regulación de la dictadura de Lanusse que facultaba al Estado a controlar y restringir el derecho de reunión, incluso en recintos cerrados de carácter privado.
- Ley N° 20.802 (1974): creaba la obligatoriedad de portar un carnet de mochilero para circular por el país, sancionada en pleno contexto de conflictividad política de los años 70. El oficialismo remarcó que va en contra de la libertad constitucional de transitar.
- Ley N° 20.959 (1975): otorgaba pases de libre circulación y estacionamiento irrestricto para legisladores y secretarios de ambas cámaras del Congreso. La fundamentación del proyecto fue categórica al respecto: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley”.
- Ley N° 20.983 (1975): obligaba a los medios radiales y televisivos a otorgar espacios fijos diarios a la promoción del turismo nacional. “Esta norma no se aplica desde hace años y la temática está regulada a través de la Ley N° 26.522”, dice el texto oficial.
- Ley N° 22.875 (1983): normativa de la última dictadura que habilitaba la intervención estatal sobre el aparato productivo ante hipotéticos escenarios de ataque exterior.
- Ley N° 22.964 (1983): regulación sanitaria sobre la lepra. El oficialismo impulsa la remoción de sus artículos 6, 7 y 8, referidos al aislamiento obligatorio. “Esta norma, de corte netamente medieval, no solo estigmatiza una enfermedad, sino que viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitucional Nacional”, detalló el PEN, concluyendo que “deben derogarse los artículos que permiten la internación forzosa, siendo incomprensible que hoy en día continúen vigentes”.
4. Desburocratización y eliminación de controles sectoriales
En esta categoría se ubican leyes que regulaban mercados específicos, creaban premios estatales o disponían controles administrativos que la actual gestión considera trabas inútiles para la economía.
- Ley N° 14.041 (1951): autorizaba al Estado a realizar acopios permanentes de materiales para la Marina de Guerra, una potestad que el Gobierno considera ya cubierta por la administración ordinaria de las fuerzas de defensa.
- Ley N° 14.800 (1959): obliga a los propietarios que demuelan un edificio donde funcionaba un teatro a edificar una sala de características similares en la nueva construcción.
- Ley N° 17.752 (1968): régimen de promoción fiscal para la construcción de hoteles de turismo internacional, inactiva desde fines de la década de 1970.
- Ley N° 19.340 (1971): imponía a los desarrolladores inmobiliarios la obligación de notificar formalmente al Estado si decidían interrumpir una obra en construcción.
- Ley N° 19.363 (1971): facultaba al Poder Ejecutivo a organizar sorteos comerciales entre las personas que adquirieran entradas de cine.
- Ley N° 20.308 (1973): creadora del Fondo Naval de Fomento a las Actividades Náuticas, una herramienta cuyo uso “se ha discontinuado hace años” según el balance del PEN.
- Ley N° 20.496 (1973): declaraba de interés nacional el uso de fertilizantes y centralizaba las autorizaciones estatales para su importación masiva.
- Ley N° 20.876 (1974): declaraba de interés la apicultura y prohibía el ingreso de inversiones extranjeras en el sector, una restricción que quedó sin efecto práctico tras la caída de la antigua ley de radicaciones extranjeras.
- Ley N° 21.056 (1975): obligaba a las empresas de transporte de larga distancia a colocar afiches de promoción turística en sus unidades.
- Ley N° 21.145 (1975): concedía tarifas rebajadas en transporte y hotelería estatal para los artistas integrantes de compañías de teatro.
- Ley N° 21.159 (1975): creaba cursos obligatorios de capacitación turística para el personal civil del Estado.
- Ley N° 22.426 (1981): centralizaba y regulaba la aprobación de contratos de transferencia de marcas y tecnologías provenientes del exterior.
- Ley N° 22.963 (1983): conocida como la Ley de Carta. Se plantea modificar sus artículos 1 y 17, y derogar los artículos del 18 al 29. Fue dictada por el presidente de facto Reynaldo Bignone para regular la confección de cartografía oficial por parte del Instituto Geográfico Nacional.
- Ley N° 23.419 (1986): regulaba los derechos y exploraciones del subsuelo por parte de empresas públicas.
- Ley N° 23.634 (1988): declaraba prioritaria la cría de conejos (cunicultura) y creaba una comisión nacional específica para el sector.
- Ley N° 24.057 (1992): promovía la creación de asociaciones civiles enfocadas en problemas de hábitat, pero que “nunca fue reglamentada” en más de tres décadas.
- Ley N° 24.127 (1992): instituyó el “Premio Nacional a la Calidad” para los ámbitos público y privado.
- Ley N° 24.298 (1994): diseñó un programa estatal de vinculación con las comunidades de argentinos residentes en el exterior.
- Ley N° 24.960 (1998): creaba el premio nacional para la “Prevención de las Adicciones”.
- Ley N° 25.750 (2003): Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. El oficialismo cuestiona que la norma “restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares”.
- Ley N° 26.227 (2007): creaba el Consejo Federal de la Juventud para coordinar políticas públicas enfocadas en dicho rango etario.
- Ley N° 26.688 (2011): declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas, catalogándolos como bienes sociales. Para la cartera de Sturzenegger, se trata de una norma que no posee carácter operativo: “Es una ley primordialmente declamativa”.
- Ley N° 27.171 (2015): exigía a la Federación Colombófila Argentina registrar y constatar las matrículas de las palomas mensajeras de carrera. El dictamen oficial considera que la norma “constituye una sobrerregulación de una actividad tan inocua como las competencias de palomas”.
5. Leyes vinculadas a organismos disueltos o procesos inexistentes
Estas leyes quedaron desconectadas de la estructura real del Estado al hacer referencia a dependencias, fondos o servicios militares que ya no forman parte de la administración pública.
- Ley N° 11.245 (1923): regulaba los aranceles de la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, una repartición inexistente en el organigrama actual.
- Ley N° 11.380 (1926): habilitaba créditos especiales del Banco Nación a cooperativas basándose en un marco legal derogado en la década de 1970.
- Ley N° 12.307 (1936): fijaba certámenes estatales de literatura y pintura cuyos jurados debían integrarse por instituciones que ya no existen.
- Ley N° 13.521 (1949): eximía del pago de sellos a los trámites judiciales vinculados a la excepción del servicio militar obligatorio, un sistema eliminado en los años 90.
- Ley N° 14.578 (1958) y Ley N° 17.584 (1967): creaban fondos específicos para obras públicas y estudios de preinversión que quedaron sin financiamiento ni funciones efectivas.
- Ley N° 20.085 (1973): diseñó el proyecto del “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”. El Ejecutivo fundamentó la baja señalando que “el proyecto nunca superó la etapa de los estudios de pre-factibilidad, a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la norma”.
- Ley N° 20.299 (1973): establecía garantías estatales rígidas para las exportaciones privadas bajo un esquema de fuerte control del comercio exterior.
- Ley N° 20.327 (1973): otorgaba autarquía a la editorial estatal “Ediciones Culturales Argentinas”.
- Ley N° 20.543 (1973): otorgaba créditos subsidiados a arrendatarios rurales para la compra de tierras, beneficios financieros discontinuados hace décadas por la banca pública.
- Ley N° 20.956 (1975): ordenaba a la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizar estudios técnicos sobre el uso de la energía mareomotriz. La firma pública fue liquidada en los procesos de privatización.
- Ley N° 23.671 (1989): creaba un comité para seguir la asignación de créditos derivados del tratado bilateral entre Argentina y España de finales de los 80.
- Ley N° 24.731 (1996): obligaba al extinto Ministerio de Economía y Obras Públicas a emitir anuarios de tecnología industrial.
- Decreto Ley N° 12.795/44: otorgaba facultades de exclusión de registros comerciales a la disuelta Comisión Nacional de Granos y Elevadores.
- Decreto N° 1.262/03: creaba la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero tras el estallido de la crisis económica del 2001, un ente que cumplió sus funciones y dejó de operar de hecho.
6. Ajustes al financiamiento de corporaciones del sector público
Por último, el texto introduce modificaciones quirúrgicas en leyes vigentes para cortar las partidas automáticas de recursos públicos destinadas a entidades compuestas por funcionarios.
- Ley N° 20.984 (1975): creó el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. La propuesta oficial deroga los artículos 3 y 11 y modifica el 8, eliminando los aportes económicos directos del Tesoro. El criterio fijado es que “los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir hacerlo, con sus propios fondos”.
- Ley N° 24.807 (1997): establece el funcionamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM). El proyecto reemplaza el artículo 11 para suprimir de forma definitiva el fondeo de la entidad con recursos provenientes de las arcas del Estado Nacional.
Tras la media sanción obtenida en la Cámara baja, el proyecto de la Ley Hojarasca deberá ser girado a la Cámara de Senadores, donde iniciará su debate en comisiones para buscar la sanción definitiva que ponga fin a este bloque de leyes comerciales, civiles y administrativas.
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