El crimen de Érika Antonella Álvarez se va encaminando procesalmente. Una jueza avaló el agravamiento de la acusación en contra de Felipe Sosa. “El Militar” podría recibir prisión perpetua si es encontrado culpable de femicidio, delito por el cual fue imputado. A Justina Gordillo, su pareja en el momento del hecho, también se le agravó la imputación.
La joven concurrió en la madrugada del miércoles 7 de enero a la casa de Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100. Entre las 4 y las 7.30 de la mañana fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado el jueves 8 en un descampado de Manantial Sur. Por el caso fue detenido “El Militar” en Buenos Aires como presunto autor del hecho. Semanas después ocurrió lo mismo con Gordillo, una empleada judicial.
Por último, fueron imputados por encubrimiento Nicolás Navarro Flores -amigo del supuesto autor del femicidio-, y Jorge Orlando “Chicho” Díaz -empleado de las empresas de Sosa-, porque, según el fiscal, también habrían colaborado en el encubrimiento del crimen.
Traspié
Después de haber permanecido dos meses detenido, “El Militar” escuchó ayer que ahora afrontará cargos por femicidio y no por homicidio simple. El fiscal Pedro Gallo decidió agravar la acusación al sostener que con el correr de los días surgieron nuevos indicios en su contra.
Postura de la familia de Érika Álvarez: “No vamos a parar hasta que todos los responsables paguen”“Se aprovechó de una doble vulnerabilidad: su condición de mujer y sus problemas de adicción. A través de las drogas, él ejercía su poder sobre ella. Ella iba a su casa a la madrugada a cambio de sustancias”, argumentó el representante del Ministerio Público. Al parecer, Sosa estaba acostumbrado a ejercer ese dominio. Navarro Flores, en su declaración, reconoció que seguía manteniendo contacto con el imputado porque le suministraba la cocaína que consumía.
Gallo también destacó otro punto. “La cosificación de las mujeres quedó probada en el expediente con los mensajes que intercambió con Gordillo cuando buscaban personas para mantener tríos sexuales”, indicó el fiscal, quien aclaró que su intención no era indagar sobre la vida privada de los acusados, sino demostrar el comportamiento de ambos. “No sólo descubrimos que ingresaron a una página de internet en la que se ofrecían servicios sexuales, sino que además descartaban a algunas por el valor o por expresiones como ‘las putas no aman’”, añadió.
El funcionario judicial también señaló que “hemos reunido elementos más que suficientes para sostener que entre el imputado y la víctima mediaba una clara asimetría de poder económico y social, que colocaba a Álvarez en una posición de inferioridad y subordinación. En ese contexto se produjo el femicidio”, consideró Gallo.
Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?Gustavo López Peña, defensor de Sosa, solicitó que la audiencia fuera suspendida o reprogramada porque no había tenido tiempo para analizar la causa. El planteo no fue aceptado por la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci. El profesional también rechazó la nueva acusación. “Todavía no se demostró que mi asistido haya sido el autor. Sólo se sabe de supuestos golpes que recibió la víctima, pero no se puede confirmar que él haya sido el autor”, argumentó.
Sobre Gordillo
Con respecto a Gordillo, Gallo decidió sumar a la imputación el agravante de haber actuado para obtener un beneficio económico. En ese sentido, la calificación legal en su contra quedó enmarcada en el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real triplemente agravado: por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública.
“En el despliegue de encubrimiento, Gordillo actuó movida no solo por la relación sentimental que tenía con Sosa, sino también con el propósito de obtener para sí misma y para él un beneficio patrimonial”, manifestó. “Dos días después del hecho, Sosa le concedió a Gordillo poderes económicos prácticamente absolutos sobre sus tres empresas”, añadió.
Caso Érika: agravaron las imputaciones contra Felipe Sosa y de Justina GordilloMaría Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de la empleada judicial, rechazaron la nueva imputación. Sostuvieron que el fiscal no pudo demostrar un crecimiento del patrimonio de su asistida y que las maniobras que se mencionaron fueron realizadas con posterioridad al crimen.
Carlos Garmendia, representante legal de la familia de Érika, se adhirió a todos los planteos de la acusación pública. “A esta altura fue correcto avanzar con la figura del femicidio. El cambio de imputación que se le hizo a los dos acusados tiene que ver con el cúmulo de evidencias que se viene recolectando”, sostuvo.
La magistrada interviniente aceptó las nuevas imputaciones. Los defensores decidieron no impugnar, por lo que la resolución quedó firme.