El informe sobre el presupuesto provincial 2026 realizado por la Fundación Federalismo y Libertad ha generado repercusiones sociales y un contrapunto abierto con el ministro de Economía, Daniel Abad. Sin embargo, el debate se amplió y ahora el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse recordó a los autores de la iniciativa que la Provincia elaboró la “Ley de Leyes” en base a la “inexistencia, durante dos ejercicios, de un Presupuesto Nacional, y a la discrecionalidad del poder de turno”.

Daniel Abad dijo que el Presupuesto provincial es "responsable y realista"

Pablo Pero, director de Políticas Públicas de la Fundación planteó algunas situaciones particulares respecto de las consideraciones del Gobierno. “En primer lugar, destacamos lo valioso que resulta para la sociedad profundizar en el análisis del presupuesto. Se trata de la suma de los recursos que aportan trabajadores y empresas tucumanas, junto con fondos provenientes de otras provincias a través del sistema de coparticipación federal. Es, en definitiva, la plata de los argentinos, y analizar la calidad del gasto es primordial”, indicó el economista. El también docente en la UNT acotó que está convencido acerca de que la calidad del gasto en Tucumán tiene mucho margen de mejora. “Según la ley de Presupuesto, este sería el año con el mayor nivel de gasto en términos reales de la historia, lo que debería reflejarse en mejores servicios públicos y en una mayor inversión en obra pública”, apuntó. Consideró que esto no está ocurriendo, debido a la existencia de gastos duplicados e ineficientes; así como un sobredimensionamiento de los gastos administrativos. “Creemos que la aplicación de normas de transparencia contribuiría a mejorar esta situación; por ejemplo, una ley de acceso a la información pública, el detalle de las asignaciones a cada comuna y la presentación del presupuesto con metas físicas y a nivel de programas”, fundamentó.

En términos comparativos, Pero dijo que Santiago del Estero destina el 25% de su gasto público a obra pública y la Ciudad de Buenos Aires alrededor del 15%, mientras que Tucumán asigna sólo el 4%. “Tal vez sirva plantear la cuestión en sentido inverso: si otros distritos destinan una mayor proporción a obra pública, ¿en qué estamos gastando nosotros ese diferencial y, ese gasto adicional se justifica?”, interrogó

En 2025 se presupuestó un 9% para obra pública y se ejecutó menos de la mitad. Si analizamos los últimos diez años, observamos que el presupuesto destinado a obra pública no se cumple sistemáticamente. Esto plantea interrogantes relevantes: ¿por qué no logramos formular un presupuesto preciso? ¿Por qué no se alcanzan las metas propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por la Legislatura?, continuó. Por último, tanto Pero como Bernabé Salas, coautor del trabajo, valoraron y agradecieron la predisposición del ministro por haber leído el informe y, “desde su disidencia, haber presentado su visión. Esperamos que este intercambio colabore para conseguir un presupuesto más claro y eficiente en 2027”.

 Mientras tanto, Vargas Aignasse subrayó que la ausencia de una Ley de Presupuesto Nacional durante dos ejercicios consecutivos ha generado discrecionalidad, incertidumbre y una alteración profunda de las reglas del federalismo fiscal. En ese contexto, analizar el presupuesto de Tucumán sin considerar estas condiciones estructurales conduce inevitablemente a conclusiones parciales, advirtió.

“Cuando la Legislatura sancionó el Presupuesto 2026, no existía ningún indicador que anticipara una caída abrupta de la coparticipación federal como la que efectivamente ocurrió en los primeros meses del año, superando ya los $20.000 millones. Este dato, por sí solo, altera cualquier proyección original y obliga a readecuar la ejecución en tiempo real”, destacó el legislador. A ello, Varga Aignasse suma el incumplimiento de compromisos por parte del Estado Nacional en áreas sensibles. Programas vinculados a vivienda, infraestructura y obras estratégicas -como el complejo penitenciario de Benjamín Paz- fueron diseñados bajo esquemas de financiamiento compartido que no se concretaron. Frente a esa situación, la Provincia no podía ejecutar partidas con recursos inexistentes sin comprometer su equilibrio fiscal. “Por eso, calificar como subejecución lo que en realidad es una adecuación frente a la falta de financiamiento resulta técnicamente incorrecto. La ejecución presupuestaria no puede evaluarse en abstracto, sino en función de la efectiva disponibilidad de recursos”, enfatizó.

Se renueva el contrapunto por el Presupuesto tucumano

Lejos de paralizar la inversión, el parlamentario recalcó que en Tucumán la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo ha sostenido obras con recursos propios, producto de una administración prudente. “Esto cobra especial relevancia en un escenario donde la Nación ha retraído su presencia en subsidios al transporte, financiamiento educativo e iniciativas sociales, trasladando responsabilidades a las provincias sin los fondos correspondientes”, agregó. En este marco, continuó, el gasto público no es una categoría abstracta ni ideológica. Está compuesto mayoritariamente por salarios, salud, educación, seguridad y asistencia social. Reducirlo a la noción de “gasto improductivo” implica desconocer su función esencial en contextos de crisis. “Nadie pone en duda la capacidad técnica ni el aporte al debate público de los economistas y académicos que han formulado críticas. Su mirada contribuye a enriquecer la discusión. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre el análisis teórico y la responsabilidad de gestionar en tiempo real, tomando decisiones que impactan diariamente en miles de familias en contextos de alta incertidumbre”, aclaró.

Presupuesto 2026 en Tucumán: el gasto vuelve a crecer y se pone bajo la lupa su destino

“Gobernar no es proyectar escenarios ideales, sino tomar decisiones bajo condiciones cambiantes, sosteniendo la calidad de vida de la población y garantizando la continuidad del Estado. El debate sobre el gasto público es legítimo, pero debe darse con rigor y honestidad intelectual. No puede omitirse que las provincias están gestionando en un contexto de caída de ingresos, incumplimientos interjurisdiccionales y aumento de demandas sociales.Tucumán ha optado por una línea clara: administrar con prudencia, sostener la inversión en la medida de lo posible y garantizar la continuidad de políticas públicas esenciales, incluso absorbiendo con recursos propios obligaciones que originalmente correspondían a la Nación”, finalizó el legislador.