La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez federal Sebastián Argibay de la causa en la que se investiga al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero del organismo, Pablo Toviggino. La decisión se produjo luego de un planteo de recusación presentado por el fiscal federal Pedro Simón, quien cuestionó la continuidad del magistrado al frente del expediente.
El caso tuvo un giro en la misma jornada en la que Argibay había firmado una resolución en la que declaró la incompetencia de su juzgado para seguir interviniendo. En ese escrito, el magistrado sostuvo que el supuesto perjuicio patrimonial investigado habría tenido como principal damnificada a la AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en Pilar, provincia de Buenos Aires, por lo que entendió que la causa debía tramitar en los tribunales federales de Campana.
Antes de quedar apartado, Argibay también había desestimado distintos planteos impulsados por la fiscalía, entre ellos pedidos de medidas urgentes y avances procesales sobre los acusados. Desde el Ministerio Público ya anticiparon que esa resolución sería apelada ante la Cámara.
El pedido de recusación estuvo vinculado a una operación inmobiliaria detectada durante la investigación. Según la presentación fiscal, una hija del juez le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Para Simón, esa circunstancia comprometía la imparcialidad necesaria para continuar al frente del expediente. Argibay rechazó esa postura y sostuvo que la participación de un familiar directo en un negocio privado no alcanzaba para justificar su apartamiento.
Qué investiga la Justicia
La causa se originó por una denuncia que apunta a presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero desde 2018. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el dinero investigado habría provenido de tres vías principales: una supuesta defraudación en perjuicio de la AFA, evasión tributaria mediante facturación presuntamente apócrifa y maniobras vinculadas a divisas fuera de los canales legales.
Además de Tapia y Toviggino, en el expediente aparecen imputadas otras 26 personas, entre familiares, colaboradores y empresarios ligados al entorno dirigencial. La investigación también analiza compra de inmuebles, vehículos, viajes al exterior, movimientos bancarios y emprendimientos comerciales. Tras la decisión de la Cámara, otro juez deberá asumir el control del caso y definir cómo continúa una de las causas más sensibles que hoy rodean al fútbol argentino.