¿Se puede implantar un recuerdo en la mente de una persona? ¿Se puede convencer a alguien de que vivió algo que en realidad nunca ocurrió? La respuesta es sí.

La memoria no es una grabación perfecta. Puede fallar, reconstruirse, incluso distorsionarse. Desde hace décadas, la psicología estudia cómo, bajo ciertas condiciones, es posible instalar recuerdos de hechos que no sucedieron. Pero hay un matiz clave: que algo sea posible no significa que sea frecuente. En los estudios experimentales más citados, apenas una minoría de participantes -alrededor del 15%- llegó a aceptar plenamente un recuerdo falso, y eso en contextos controlados, con intervención activa y repetida.

No es un detalle menor. Porque en el debate público, ese matiz suele desaparecer.

En las últimas semanas, volvió a instalarse con fuerza el debate sobre el proyecto de Ley S-0228/2025 que modificaría los artículos sobre falsas denuncias y falso testimonio, especialmente en casos vinculados a violencia o abuso. La discusión aparece envuelta en una sospecha: si los recuerdos pueden ser manipulados, entonces tal vez haya más denuncias infundadas de las que se cree. El salto es tentador. Pero no necesariamente correcto.

Los datos disponibles, aunque escasos, permiten dimensionar el fenómeno mejor que cualquier percepción. En Argentina, por ejemplo, un informe conjunto del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Fundación Mujeres por Mujeres (MxM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), entre otros, plantea que en 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias en todo el país: solo 60 correspondieron a casos de falsa denuncia o falso testimonio. Es decir, apenas el 0,25% del total. Además, cuando se analiza en qué contextos aparecen estos casos, la mayoría no está vinculada a denuncias por violencia o abuso, sino a otros delitos, especialmente de tipo económico, como estafas, fraudes o cuestiones aduaneras.

“No existe evidencia estadística real que diga que las falsas denuncias superan el 1%”, explica Verónica Figueroa, psicóloga coordinadora de la Unidad de Prevención y Atención de las Violencias del Hospital Centro de Salud. Y agrega un matiz clave: “nuestro mayor problema no son las falsas denuncias, sino la falta de denuncias”.

Sin embargo, no todos los enfoques parten del mismo punto. Patricia Anzoátegui, directora jurídica del Observatorio de Falsas Denuncias (una organización creada por la Fundación Ayudar y Crecer), advierte: “Nosotros trabajamos con personas que denuncian haber sido víctimas de falsas denuncias, pero no hay datos estatales que permitan dimensionar cuántos casos llegan a la Justicia ni cómo se resuelven”, señala.

A nivel local, los datos también muestran otra dimensión del problema. Según la Fundación Crecer en Familia, se estima que en Tucumán hay alrededor de 127 casos de falsas denuncias. Dentro de ese universo, el 66,67% de los denunciados se concentra en San Miguel de Tucumán, seguido por Tafí Viejo (12%), Yerba Buena (8%) y Las Talitas (4%), mientras que el 9,34% restante corresponde a otras localidades.  

Según datos relevados en Argentina, el 45% de las mujeres afirma haber atravesado alguna situación de violencia por parte de una pareja o expareja, pero solo una de cada cuatro busca ayuda o denuncia. En casos de violencia sexual, la proporción es aún menor: apenas el 10% llega a denunciar. Incluso en los casos más extremos, como los femicidios, los registros muestran que menos del 20% de las víctimas había denunciado previamente y menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho

Ahí aparece otra pregunta: ¿por qué, si el sistema está preparado para recibir denuncias, tantas personas eligen no hacerlo?

El recorrido judicial suele ser largo, complejo y, muchas veces, revictimizante. No siempre ofrece respuestas rápidas ni certezas. En ese contexto, instalar la idea de que denunciar puede implicar un riesgo penal si no se logra probar lo ocurrido no es un dato menor. No porque invalide la preocupación por las denuncias falsas -que existen y pueden causar daño-, sino porque modifica el equilibrio de un sistema que ya es difícil de atravesar.

También hay otra confusión frecuente. Muchas veces, una causa que no avanza o que se archiva se interpreta automáticamente como una denuncia falsa. Pero no es lo mismo. “La falta de pruebas no es una falsa denuncia”, aclara la psicóloga Figueroa. “A veces no se puede probar, y eso no significa que no haya ocurrido”.

En los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, existen equipos especializados que trabajan justamente sobre esa frontera. “Los equipos técnicos pueden diferenciar estas situaciones”, explica la psicóloga Verónica Figueroa. No se trata de una intuición, sino de un trabajo profesional que analiza discursos, contextos, vínculos y formas de expresión. Sin embargo, desde el Observatorio de Falsas Denuncias, Anzoátegui plantea otra mirada sobre el funcionamiento del sistema: “Tucumán no tiene peritajes oficiales, no hay un cuerpo oficial. Han reemplazado la justicia por una justicia privada. Entonces, empieza todo con un informe de una psicóloga contratada”, sostiene.

Esa afirmación, sin embargo, no refleja del todo el funcionamiento actual en Tucumán. Según pudo constatar LA GACETA, sí existe un cuerpo de profesionales dentro del sistema judicial encargado de realizar peritajes oficiales en este tipo de casos. El problema no radica en su inexistencia, sino en los tiempos: las evaluaciones pueden demorar más de un mes, lo que muchas veces deriva en la incorporación de informes privados en las primeras etapas del proceso. En ese cruce entre demoras, recursos y prácticas, se construyen buena parte de las tensiones que atraviesan estos casos.

Durante años circuló la idea de que los niños podían ser fácilmente moldeados, incluso “programados”, como si repitieran sin filtro lo que un adulto les decía. Hoy esa concepción está ampliamente cuestionada. “Los niños no son una tabla rasa”, dice Figueroa. Los chicos pueden repetir discursos, sí, especialmente en contextos de dependencia o conflicto. Pero también tienen formas propias de procesar lo que viven, de expresar lo que sienten y, con el tiempo, de construir un criterio propio.

Hay, además, un elemento central que suele quedar fuera de la discusión: el registro que tienen sobre la sexualidad. Ese registro no es el mismo que el de un adulto. “No tienen el mismo modo de significar esas experiencias”, explica Figueroa. Y justamente por eso, cuando aparecen ciertos relatos, ciertos detalles o formas de narrar, pueden ser analizados en función de su coherencia con la edad, el desarrollo y el contexto del niño.

Eso no elimina la complejidad, pero sí desarma una idea extendida: que todo relato infantil es fácilmente manipulable o que no hay herramientas para evaluar su veracidad. Las hay. Y forman parte de un trabajo interdisciplinario que incluye entrevistas, observación clínica, análisis del entorno y seguimiento en el tiempo.

Casos mediáticos recientes reavivan esa tensión y vuelven a poner en primer plano la pregunta sobre qué se recuerda, cómo se recuerda y qué valor tiene ese recuerdo. Aparece, por ejemplo, en situaciones como la de Anna Chiaria, hija del empresario Jorge Biasotti y de Andrea del Boca, quien lo acusa de abuso sexual y cuyo caso volvió a tomar visibilidad pública cuando él expuso en el Congreso en el marco de un proyecto de ley sobre falsas denuncias. Escenarios así ponen en circulación versiones contrapuestas, relatos que se discuten fuera de los tribunales y que terminan alimentando una conversación pública muchas veces atravesada por simplificaciones.

Tal vez el punto esté en que la memoria si puede fallar, pero eso no significa que la mayoría de las denuncias sean falsas. Y que un caso no se pueda probar no lo convierte automáticamente en mentira.

Ahí es donde la discusión suele torcerse. Entre creer todo sin preguntas y dudar de todo, hay un lugar intermedio que es más incómodo, pero también más justo. Es el que exige mirar cada caso en particular, con evidencia, con tiempo y con herramientas.

Entender cómo funciona la memoria no debería servir para sembrar sospechas sobre quienes denuncian. Tampoco para evitar hacer preguntas cuando hace falta. De lo que se trata, en todo caso, es de construir un sistema que pueda escuchar mejor, investigar mejor y decidir con más precisión, incluso -y sobre todo- cuando no hay certezas absolutas.