Por segunda vez en menos de dos años, una armería de nuestra provincia quedó en la mira de los investigadores por causas vinculadas a la venta de armas de manera ilegal. En esta oportunidad, el comercio aparece en una causa que se investiga en Buenos Aires y por la que se desarrollaron 141 allanamientos en diferentes provincias del país.
Todo comenzó en diciembre de 2023. Durante un control de rutina realizado en Aguilares, personal de Gendarmería Nacional detuvo un micro que tenía como destino la provincia de Mendoza. Dos hombres de nacionalidad chilena se mostraron nerviosos e incluso agresivos cuando los efectivos intentaron identificarlos.
Al revisar sus pertenencias, los uniformados descubrieron que transportaban ocho pistolas calibre nueve milímetros y 13 cargadores. Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres fueron aprehendidos por no contar con la documentación que acreditara el origen del armamento ni con los permisos correspondientes para portarlo y trasladarlo. Así comenzó a gestarse una causa que no tendría antecedentes en las últimas dos décadas en nuestra provincia.
El mecanismo
El fiscal federal Agustín Chit, junto a su equipo de colaboradores coordinados por la auxiliar fiscal, Julia Vitar, decidió reconstruir la ruta de las armas secuestradas a los ciudadanos trasandinos. “La investigación permitió determinar cómo funciona, en parte, el mercado ilegal de armas en Tucumán y de qué manera ese circuito alimenta el acopio y el tráfico internacional”, sostuvo el fiscal al solicitar los allanamientos de nueve personas.
Allanamiento en Tucumán por una red global de abuso sexual infantilE.M.T. -quien se desempeñaría como instructor de tiro-, junto con A.N.B. y M.N.B., empleados de una armería ubicada en Chacabuco al 100, habrían sido los encargados de simular operaciones de compraventa de armas registradas a nombre de terceros que concurrían al local con la intención de venderlas.
Los sospechosos, cuyos nombres no pueden ser difundidos porque aún no fueron procesados, habrían aprovechado su actividad laboral y sus conocimientos técnicos para captar a personas habilitadas como legítimos usuarios, a fin de que inscribieran armas a su nombre y luego las introdujeran en el circuito ilegal.
La investigación también estableció que S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. habrían utilizado su condición de legítimos usuarios para figurar como compradores de armas que posteriormente eran comercializadas en el mercado negro. Las pistolas secuestradas a los ciudadanos chilenos estaban registradas a sus nombres.
Violencia escolar y armas: los casos que impactaron al país en 30 añosDe acuerdo con el trabajo realizado por Gendarmería Nacional, los dos primeros son empleados de una reconocida empresa de seguridad privada. Ambos tendrían varias armas registradas, pese a no contar con ingresos suficientes que justificaran su adquisición.
La pesquisa determinó además que la comercialización de las pistolas habría estado a cargo de G.E.D., quien se dedicaría a la venta ilegal de armas y municiones. Según la investigación, este hombre recibía el armamento adquirido de manera irregular para luego introducirlo en el mercado clandestino. Para concretar las operaciones, habría utilizado como intermediarios a N.A.F. y a R.R.F., quienes aparecen como piezas clave en la transacción realizada con los compradores chilenos.
Según confirmaron fuentes judiciales, todos los mencionados fueron indagados por el juez federal José Manuel Díaz Vélez entre febrero y marzo. El magistrado espera los resultados de las pericias de los celulares secuestrados a los sospechosos para definir su situación procesal.
La otra causa
Ahora, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el marco de una investigación realizada por la fiscalía especializada en Crimen Organizado, a cargo de Santiago Marquevich, descubrió que a nivel nacional estaba operando una organización que adquiría armas en el mercado legal y luego las comercializaba en el mercado negro nacional e internacional.
En total se realizaron más de 140 allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. En nuestra provincia volvieron a allanar la armería investigada por el fiscal Chit y también allanaron los domicilios de un número no precisado de particulares que estarían vinculados al comercio. Según confiaron fuentes policiales, uno de ellos habría sido detenido, pero no trascendió su identidad.
Drogas, armas y sellos de delfín: cómo operaba la banda que ocultaba en neumáticos un cargamento de cocaína valuado en 6 millones de dólaresEl mecanismo utilizado fue el mismo que dejó al descubierto Chit. Mediante el uso de testaferros, muchos de ellos sin capacidad económica para justificar las operaciones, lo que evidenciaba maniobras fraudulentas. La pesquisa, desarrollada por la División Antimafia de la Policía Federal, detectó la participación de distintos actores dentro de la estructura, incluyendo responsables de comercios vinculados a la venta de armas, gestores e intermediarios que facilitaban los trámites de adquisición y transferencia, e instructores que certificaban la documentación necesaria para concretar las operaciones.
Una vez obtenidas, las armas eran introducidas en el mercado ilegal, en muchos casos con numeraciones adulteradas o suprimidas, y posteriormente comercializadas tanto en el territorio nacional como en países limítrofes. Las ganancias obtenidas eran canalizadas a través de operaciones de lavado de activos mediante la adquisición de bienes.
Como resultado de los operativos, fueron detenidas 35 personas integrantes de la organización, y se logró el secuestro de una importante cantidad de armamento, municiones y elementos vinculados a la actividad ilícita.
Entre los elementos incautados se encuentran 25 escopetas, 55 pistolas de distintos calibres, 17 revólveres, siete fusiles, siete ametralladoras, una carabina, tres pistolones, 32 cargadores, una máquina de recarga, más de 40.000 municiones, una granada y dos cuñetes de pólvora. Trascendió que en los procedimientos se encontró evidencia para iniciar ocho investigaciones paralelas.
Detalles: los investigadores ya tienen determinado cuál era el destino de las armas
En ambos expedientes judiciales, la trazabilidad del recorrido de las armas era muy similar: terminaban en el mercado negro de Argentina o en el ámbito internacional.
En el caso de la investigación desarrollada por el fiscal federal Agustín Chit, el destino final era Chile, pero también habrían surgido indicios de que podrían haberlas trasladado a otras provincias. Los chilenos detenidos en nuestra provincia, según consta en el expediente, eran integrantes de un clan que se dedicaba a abastecer de armas a organizaciones narco de ese país.
La investigación desarrollada por el fiscal Santiago Marquevich sostiene que esta organización transportaba el armamento a Chile y a Uruguay para vendérselo a las organizaciones criminales de Brasil y Paraguay. En los últimos tiempos se registraron varios procedimientos en los que se secuestraron armas que no son fáciles de conseguir en la calle. Días atrás, personal de la ex Brigada de Investigaciones secuestró un fusil FAL en una vivienda donde se cultivaba marihuana.
En Rosario, se descubrió que las armas enterradas en tachos de 200 litros también habrían sido provistas por este grupo.
Además, en el expediente surgió otro inquietante dato: en octubre de 2025, durante la Operación Contención contra el Comando Vermelho en las favelas Alemão y Penha, de Río de Janeiro -el operativo policial más letal de la historia de Brasil, que dejó un saldo de 132 muertos-, apareció un FAL del Ejército Argentino entre el arsenal de la facción. Hace varios años se descubrió otro fusil de las FF.AA. de nuestro país en poder de una organización criminal del vecino país. Se descubrió que esas armas habían sido sustraídad del batallón de Fray Bentos. Ese caso sigue tramitándose en la justicia federal.