En las últimas semanas surgieron varios casos de estafas. El más relevante fue el de las maniobras que realizaban los responsables de una concesionaria de Yerba Buena. Los investigadores sostienen que no sólo habrían generado un perjuicio de $175 millones, sino que además habrían enterrado el dinero en un lugar desconocido hasta el momento.

Según la acusación, los imputados habrían montado un esquema delictivo bajo la fachada de una concesionaria, simulando operaciones legítimas de compraventa de vehículos. De acuerdo con la teoría del caso, ofrecían unidades, recibían rodados en consignación o como parte de pago y percibían importantes sumas de dinero que luego no eran restituidas, incumpliendo deliberadamente los compromisos asumidos.

Entre las maniobras detectadas se encuentran la entrega de adelantos para generar confianza, la simulación de créditos prendarios inexistentes, la utilización de terceros, la emisión de comprobantes apócrifos y la transferencia de vehículos sin autorización de sus titulares. En varios casos, las víctimas no sólo perdieron el dinero invertido, sino también sus vehículos o quedaron comprometidas con deudas originadas en operaciones fraudulentas.

Empleado infiel

Entre octubre de 2017 y el 15 de mayo de 2025, el empleado de una firma habría aprovechado la confianza depositada por los propietarios de la empresa para desplegar una maniobra fraudulenta sostenida en el tiempo. Se le atribuyó haber emitido facturas reales a nombre de clientes autorizados, pero entregando la mercadería a terceros no registrados, además de falsificar firmas en remitos y percibir pagos que no eran rendidos a la firma.

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La pesquisa también reveló que, con el objetivo de ocultar el desvío de fondos, el sujeto habría adulterado listados de deudores y brindado información falsa sobre la situación comercial de los clientes. Estas irregularidades salieron a la luz cuando los responsables de la firma realizaron conciliaciones y detectaron que los supuestos compradores desconocían las operaciones facturadas. El perjuicio económico estimado asciende a aproximadamente $34 millones.

Falso título

Una empleada de una panadería de 28 años se presentó en abril de 2023 en la Jefatura de División de Registros y Matrículas de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria de la provincia. Hizo los trámites para poder desempeñarse como enfermera. Presentó un título analítico de dicho establecimiento sabiendo que el mismo era apócrifo, ya que no estaba confeccionado en papel moneda ni legalizado por las autoridades del centro educativo donde supuestamente había cursado sus estudios.