En 1839, Tucumán pasaba por tiempos de tensión e incertidumbre, por la hostilidad que le dispensaba el jefe de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas. No se podía sospechar entonces, que no mucho después vendrían épocas de mayor drama: la Liga del Norte, la guerra, el desastre de Famaillá.
A pesar de todo eso, la Sala de Representantes, presidida por don Manuel Paz, cumplía su deber a conciencia. El 20 de agosto sancionó, "en uso de las facultades ordinarias y extraordinarias que inviste", decía, una sugestiva norma sobre control del gasto público. Según nuestras noticias, fue la primera ley de esa índole que se dictó en la provincia.
Disponía que una comisión nombrada especialmente por la Sala, "examinará anualmente las cuentas de la Contaduría General de la Provincia". Esa comisión sería nombrada, por los mismos legisladores, en la última sesión de cada año, "y se expedirá en los dos primeros meses del entrante, dando cuenta detalladamente, a la Honorable Sala, de las entradas y salidas de la Caja en todo el año precedente".
Debía "informar, al mismo tiempo, si la inversión de los fondos públicos ha sido hecha con arreglo a la ley, y sobre si ha habido o no dilapidación o malversación, a fin de que la Honorable Sala pueda pronunciarse aprobando o reprobando las cuentas".
La sanción fue elevada al gobernador y capitán general de la Provincia, don Bernabé Piedrabuena. Este, con la firma de su ministro, doctor José Eusebio Colombres (el futuro obispo), proveyó: "Cúmplase y fíjense carteles en los lugares de estilo".