BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional dispuso hoy la segunda prórroga por 15 días de la intervención de las líneas Sarmiento y Mitre que administra la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), a raíz del accidente del 22 de febrero en el que murieron 51 personas.

En tanto, la Cámara Federal permitió al dueño de TBA, Sergio Cirigliano, y a otros directivos de la empresa, acceder a la causa en la que se investiga la tragedia, informaron hoy fuentes judiciales.

La intervención fue dispuesta el 28 de febrero por 15 días "o lo que dure el peritaje" y la primera prórroga se anunció el 20 de marzo para garantizar la "continuidad y regularidad del servicio público" y "la seguridad de los usuarios".

La segunda prórroga fue establecida hoy en la resolución 737/2012 y se adoptó porque "no han finalizado las pericias judiciales, tendientes a determinar las causas que originaron el siniestro".

La intervención es "administrativa técnica-operativa temporal de TBA, con relación al Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros", ratificó la norma publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

La Sala II de la Cámara Federal, por su parte, dio la autorización a los empresarios para acceder a la causa, lo que había sido rechazado por el juez federal Claudio Bonadío.

Cirigliano, el vicepresidente de Cometrans (empresa que explota TBA), Oscar Gariboglio, y los directivos Alejando Rubén Lopardo, José Doce Portas y Marcelo Alberto Calderón, se presentaron en la causa para estar a disposición de la Justicia y pidieron sacar fotocopia de todo el expediente.

Ante el rechazo de Bonadío, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun explicaron que en la causa sólo están bajo secreto de sumario las pericias técnicas y contables, y no el resto del expediente.

Asimismo, dijeron que sin acceder a la causa "mal puede alguien presentarse a aclarar los hechos e indicar aquellas pruebas que a su juicio puedan resultar útiles".

Sergio Cirigliano, sus hermanos Roque y Mario, y el resto de los directivos de TBA y Cometrans tienen prohibido salir del país, al igual que el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el subsecretario ferroviario, Antonio Luna, y el titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro.

Todos son investigados por las 51 muertes y los más de 700 heridos que dejó el choque el 22 de febrero pasado de un formación con el paragolpe de la estación de Once.

El lunes vence el plazo que el magistrado le dio a los peritos para que presenten sus conclusiones técnicas sobre el funcionamiento del tren y en especial respecto a los frenos, para conocer si funcionaban, si fueron accionados y si la formación estaba en condiciones de andar.

Además, el juez ordenó una pericia contable sobre los subsidios que recibió TBA del gobierno y los ingresos que obtuvo por venta de pasajes para determinar a qué y cómo fueron destinados esos fondos.

En la causa el único imputado es el maquinista de la formación, Marcos Antonio Córdoba. El juez Bonadío había aceptado al gobierno nacional como querellante, pero esta semana la misma Cámara Federal anuló la medida al considerar que los funcionarios podrían estar involucrados en los hechos. (DyN)