El Gobierno argentino recurrirá a todas las instancias de apelación posibles, pero si no se reinstala antes del 15-D la medida de "no innovar" u obtiene una sentencia favorable o, en su defecto, no deposita los U$S 1.330 millones, tendría unos 30 días de plazo antes de caer en default (es el plazo máximo de dilación que otorgan las cláusulas legales de los bonos para hacer los pagos convenidos), señala el último reporte del Informe Económico del Banco Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, el fallo debe ser corroborado o rechazado por el pleno de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, la cámara de segunda instancia que el 26 de octubre había ratificado la decisión inicial del juez en cuanto al incumplimiento de la cláusula pari passu, pidiéndole que especificara la forma de cálculo que debía utilizarse para computar los pagos a los fondos litigantes. Si esta instancia es adversa, el Gobierno podría intentar apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En ambos casos, señala el reporte al que accedió LA GACETA, el Gobierno debe mantener la tesitura de tratar de que los fondos litigantes (holdouts o "fondos buitre") acepten las condiciones de los canjes anteriores. "Ahora, Argentina debería insistir con este reclamo en su apelación. Aquí se abren dos posibilidades", indica el Banco Ciudad.

- La primera es que la Justicia considere que ambas deudas deben pagarse plenamente (una por un monto reestructurado; otra, por el monto pleno), que es a lo que aspiran los litigantes.

- La segunda es que defina que lo que hay que pagarle a los fondos buitre guarde una proporcionalidad con lo que recibe aquel que, en su momento, aceptó el canje propuesto por Argentina. Esta segunda versión replicaría lo que hoy es práctica corriente en los mercados de bonos mediante las denominadas "cláusulas de acción colectiva": que las minorías (los fondos buitre) deben someterse a las mismas condiciones aceptadas por la mayoría. Aunque esta segunda posibilidad hoy tiene menos chances, ya que las cámaras de apelaciones tendrían que reinterpretar en sentido contrario lo que ya dictaminó el juez Griesa, sostiene el análisis del Banco Ciudad.

Si se lograran replicar las condiciones de los anteriores canjes, los pagos que debería realizar el país no se verían incrementados de manera sustancial y Argentina habría solucionado definitivamente el problema de su deuda.

¿Cuál puede ser el nuevo escenario? Considerando los bonos beneficiados por la sentencia de Griesa, el país debería emitir unos U$S 450 millones en nuevos bonos del canje (más 704 millones de unidades PBI). Esto daría lugar en diciembre a pagos por unos U$S 60 millones (correspondientes a intereses y pagos vinculados al cupón PBI). Si se extiende el cálculo al total de los bonos en default, se deberían emitir U$S 4.200 millones en nuevos bonos (más unidades PBI), generando en diciembre pagos adicionales por U$S 550 millones, que en 2013 sumarían U$S 270 millones, llevando la carga de intereses de la deuda desde los U$S 4.400 millones previstos en el Presupuesto del año que viene a U$S 4.670 millones, con un aumento de sólo 6%.

En suma, acotan los economistas del Banco Ciudad, considerando una inclusión en el canje del total de la deuda en default, la deuda pública crecería en menos de 1% del PBI, sin cambiar sustancialmente el peso de los intereses de la deuda a pagar en los próximos años.