El proceso que podría derivar en la destitución de los jueces que firmaron la unánime sentencia absolutoria de los 13 imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón, agotó ayer su primera instancia administrativa. Susana Trimarco fue a la Legislatura a ratificar y ampliar la documentación mediante la que solicita la remoción de los vocales de la sala II de la Cámara Penal Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina.

Alrededor de las 10.40, la madre de "Marita" ingresó a la Cámara en compañía de uno de los abogados de la Fundación, Carlos Garmendia, y se dirigió presurosa al segundo piso del fastuoso edificio legislativo para hacer la presentación administrativa que será tratada por la comisión de Juicio Político, encabezada por el alperovichista Sisto Terán Nougués.

Garmendia indicó que el lunes, en Tribunales, harán la presentación correspondiente para solicitar paralelamente el recurso de casación para la revisión de la sentencia absolutoria, dictada el 11 de diciembre. "Avanzaremos hasta donde tengamos que avanzar; probablemente finalizará con un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin dudas", vaticinó el letrado.

Tras los trámites de rigor, Trimarco se mostró con la fortaleza habitual, y aprovechó la oportunidad para manifestar que se trata de una lucha que se inicia nuevamente. "El vergonzoso fallo de mi hija no iba a quedar así, es una vergüenza mundial lo que hicieron estos jueces", declaró a la prensa.

La candidata al premio Nobel de la Paz destacó que espera que la Legislatura haga justicia, puesto que "todo el país tiene los ojos puestos en Tucumán".

La madre de Marita aclaró que el pedido de juicio político fue realizado como consecuencia de los "delitos" cometidos a lo largo de los 10 meses del juicio, contra las testigos y víctimas de trata, y contra su persona: "las faltas de respeto constantes, los insultos a las víctimas y los malos tratos hacia las chicas y hacia mí es algo que solamente en Tucumán se ha visto".

Indicó que la sentencia, tras ser estudiada por el equipo legal de la Fundación, es "patética", y cuestionó los argumentos dados por los jueces. Recordó que, al estallar el conflicto de María Soledad Morales en Catamarca, "condenaron a los Saadi y a toda la mafia gracias a las declaraciones de los testigos, de la gente que brindó su testimonio". "Acá estuvieron las víctimas, contando lo que les hicieron y cómo vieron a mi hija. Qué más pruebas quieren estos señores", cuestionó. Respecto de las amenazas que recibió hace dos semanas, indicó que ya está acostumbrada y que no planea renunciar en su búsqueda de justicia. "Yo no me voy a callar, no me callé hace 10 años y no lo voy a hacer ahora", expresó Trimarco.

A su vez, destacó el conmovedor apoyo recibido en sus visitas a Mendoza y Buenos Aires, y que se encuentra con todos los ánimos para continuar su lucha.

Guerrero y Alperovich
Trimarco también respondió a las declaraciones vertidas por el ex ministro mirandista Antonio Guerrero, quien había expresado, en una entrevista a LA GACETA, que la Provincia cuenta con un poder "bicéfalo", compartido entre el gobernador, José Alperovich, y Trimarco; quien -además- "marca el ritmo del Gobierno". La madre de Marita invitó al ex senador a optar por el silencio. "Que se calle la boca, porque me debe a mi hija; él también tiene que pasar por los tribunales para decir qué hizo cuando era ministro de Gobierno", lanzó la mujer.

También denunció la presencia de corrupción en diferentes estratos públicos y de la policía, centrándose en Víctor Lisandro, ex Jefe de la Brigada Norte de Investigaciones, al que tildó de "sinvergüenza". De acuerdo a la versión de Trimarco, Lisandro es responsable de plantar pistas falsas, para entorpecer la investigación.

Al ser cuestionada por las viviendas que se están gestionando para las víctimas de la trata, aclaró que habló con el gobernador, debido a que las dimensiones de las unidades no son las pactadas.

"Hablé con Alperovich porque les entregaron un módulo que es una habitación de tres por tres; no pueden vivir ahí las víctimas", confesó. Indicó que las gestiones se iniciaron desde la Fundación María de los Ángeles, y que es lo que las víctimas se merecen: "no están mendigando ni les regalan nada, es responsabilidad del Estado".

Finalmente, consideró que el juicio político puede ser una buena oportunidad para barrer la corrupción. "Es la ocasión para sacar toda la mafia que está en Tucumán y que quede la buena gente; y los delincuentes que se vayan adonde se tengan que ir", cerró.


TEXTUALES DE LA DENUNCIA

- "Ampliación de argumentos".- "Como puede apreciarse, mi petición original de juzgamiento político para con los magistrados en cuestión tuvo como fundamento principal la actuación de éstos durante los 11 meses de proceso. En mi primigenia presentación casi no he mencionado ni me he referido a la sentencia como sustento de mi denuncia. Ahora bien, luego de haber profundizado en su estudio surge que este fallo fue el corolario de la pésima actuación de los jueces que formaron el tribunal de la impunidad. (...) Como se aprecia, estos jueces llegaron a la convicción de que se trató de una red de trata de personas. Pero: ¿Cuáles elementos probatorios le permiten llegar a esa convicción?: las pruebas testimoniales. Las mismas testimoniales que si vieron a marita veron en La Rioja y Tucumán. Lo ilógico del argumento surge con claridad: los jueces dicen creerles a las testigos víctimas todo, salvo que vieron a Marita. Se propusieron destruir sus testimonios, y para lograrlo los jueces actuaron durante el juicio, y luego fallaron -literalmente-, desde una óptica sexista y clasista, lo que quedó de manifiesto en los fundamentos del fallo. No le creyeron a ninguna de las víctimas de trata que declararon que vieron a Marita. En realidad eligieron qué cosa creer y que cosa no. O mejor dicho: disfrazaron mediante un argumento de incredulidad la decisión que habían tomado con anticipación: conseguir la absoluta impunidad.

- "El Inventario de lo absurdo".- "La sentencia que se nos ha dado a conocer tiene 589 páginas lo que en principio hablaría por ese sólo dato de algo meduloso y razonado o articulado. Del índice y su lectura se infiere que 500 de ellas son reproducción de apuntes y las actas del debate con las preguntas de cada una de las partes, y además ello se encuentra como veremos más adelante absolutamente parcializado. Entre las páginas 517 a 578 se desarrollan los argumentos que son motivo de esta crítica, es decir los fundamentos se vuelcan en 61 páginas en realidad, lo demás son, como dijimos, apuntes y actas parcializadas del debate. (...) Por lo tanto, el análisis del fallo se centra en los argumentos expuestos en esas 61 páginas de un fallo que establece un total de 589 y en la parcialidad de las actas del debate adjuntadas en el mismo".

- "La culpa la tiene la Policía".- "En la página 578 el Tribunal discurre sobre los errores de la investigación policial y apunta básicamente a Jorge Tobar. De Tobar, del que todas las defensas, con permiso del Tribunal se burlaron como "Detective Investigador" se le recrimina que como era amigo de la familia fue parcial y que se dejó llevar. Que no investigó al círculo familiar, el jardín semillitas, que no identificó a Silvia, que no hay inspección ocular en la casa de Verón, etc, etc. El tribunal obvia lo esencial, Tobar dependía de Baaclini, el ahijado que se protegió en el juicio como clara muestra de la corporación que se cierra. El Tribunal olvida que en los primeros pasos de la investigación hubo, como consta en el expediente, tres mandos: 1) Investigaciones, a cargo de Héctor Brito. 2) Comisaría Séptima. Daniel Sánchez. 3)D-2. Primero a cargo de Ledesma y luego de Chuchuy Linares y bajo esas personas Jorge Tobar.