LA HABANA.- Cuba permitió el aterrizaje de un avión del Gobierno de Estados Unidos para entregar a las autoridades de ese país a un hombre acusado de haber secuestrado a sus dos hijos en Florida y de haberlos llevado en un barco a vela hacia la isla, en forma clandestina.
El avión norteamericano regresó a Tampa en la madrugada de ayer, con Joshua Michael Hakken; su esposa, Sharyn Hakken, y sus dos hijos, Cole y Chase, de cuatro y de dos años. Los padres habían perdido la custodia de sus hijos por un caso de drogas, y fueron encarcelados por secuestro y otros cargos. Los niños volvieron al hogar de su abuela materna, donde vivían hasta la semana pasada.
"Gracias a un esfuerzo conjunto del Departamento de Estado, del FBI y de la Guardia Costera de Estados Unidos, los dos niños están a salvo. Nos gustaría expresar nuestro aprecio a las autoridades cubanas por su amplia cooperación para resolver rápido esta peligrosa situación", informó la Sección de Intereses del país norteamericano en La Habana, oficina encargada de las relaciones entre ambos países (ni Cuba ni EEUU tienen designados embajadores).
La historia salió a la luz el martes, y el Gobierno de Raúl Castro confirmó después que la familia había llegado a Cuba el domingo por la tarde. Medios estadounidenses habían especulado que la pareja tenía la esperanza de evitar una extradición por la falta de acuerdos al respecto entre La Habana y Washington.
La cooperación funcionó bien, pese a las disputas ideológicas que enfrentan a los dos países desde hace más de medio siglo. Sólo la congresista estadounidense republicana de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, atacó con dureza al Gobierno castrista.
Prensa en las cárceles
En otro gesto de los cambios políticos internos en Cuba, el Gobierno permitió el acceso a medios internacionales a varias de sus prisiones en La Habana, tras casi una década de acceso prohibido. Se calcula que hay una población de unos 57.000 reclusos en la isla.
Las autoridades no permiten a organizaciones humanitarias (como Amnistía Internacional o la Cruz Roja) la inspección de sus cárceles, cuyo interés se centra en la situación de los presos políticos. Grupos internas, como la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, calculan que hay actualmente unas 90 personas detenidas por motivos políticos, el doble de los reconocidos por el Gobierno. (Reuters-DPA)