Los proyectos de reforma del CAM y de publicidad de los actos judiciales presentan avances respecto de la relación entre el poder judicial y la ciudadanía. Permiten que la ciudadanía se involucre directamente, en pie de igualdad y sin necesidad de acreditar título alguno, en un aspecto esencial de la democracia, como lo es la selección de jueces. Asimismo, la ciudadanía también podrá controlar el comportamiento del juez, teniendo acceso a información clave. Asimismo, el proyecto que regula el ingreso del personal al poder judicial también reconfigura la relación magistratura-ciudadanía. Tradicionalmente, este ingreso estaba filtrado por intereses corporativos y favorecía el ingreso de aquellos que compartían intereses económicos, políticos, religiosos, o familiares con los varones de la corporación judicial.
Sin embargo, en relación a la reforma del CAM, existe el riesgo de que la elección popular de consejeros se desvirtúe y quede reducida a la mera elección del color partidario que propone al candidato. El ciudadano deberá ser más cuidadoso a la hora de expresar su voto. Asimismo, la forma de votación propuesta dentro del cuerpo permitiría que un partido político monopolice las decisiones del cuerpo si resulta ampliamente ganador en las elecciones legislativas y presidenciales.
En términos del impacto real en la ciudadanía de las reformas, el gran ausente es la ampliación del acceso a la justicia de los grupos vulnerables de la sociedad. La estructura actual del poder repele más que contiene a los grupos con mayores carencias sociales, económicas y políticas. Las medidas que se presentaron no significan agravar significativamente esta situación, pero tampoco la alivianan. La regulación de medidas cautelares y la creación de Tribunales de Casación pueden hacer más costosa en tiempo y dinero la protección de derechos de estos grupos.