La visita del jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina, al Senado para brindar un balance de gestión derivó en las últimas horas en un pedido de información al ministro de Salud, Juan Manzur.

El senador radical José Cano -que preside la comisión de Salud- solicitó a la cartera que dirige el tucumano que brinde detalles acerca del manejo del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para obras sociales. En particular, respecto de qué se hizo con los excedentes de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Ocurre que el FSR financia la ex Administración de Programas Especiales (APE) -fue absorbida por la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud- que se encarga de garantizar la cobertura de patologías y tratamientos de alta complejidad de los beneficiarios. De acuerdo con las normas, los excedentes anuales deben ser redistribuidos entre los agentes del seguro para que los apliquen al presupuesto de prestaciones. Abal Medina, en la Cámara Alta, afirmó que en los últimos cinco años, se habrían acumulado en cuentas del Banco Nación $ 16.000.000.000. Pero, no precisó que ocurrió con esas sumas.

Los fondos no habrían sido repartidos entre las obras sociales, de acuerdo con la oposición. Por ello, Cano, precandidato a diputado, exigió a Manzur-también postulante- que ratifique los dichos de Abal Medina. Además, que de cuenta del destino exacto de los excedentes (montos y números de cuentas) y que, en el caso de que no hayan sido volcados al sistema, los fundamentos de esa determinación.

Desde 2010, que Cano advierte sobre irregularidades en el manejo de los fondos para obras sociales, área que depende de Manzur. De hecho, en 2012, denunció en la Justicia a dos tucumanos, entre otros funcionarios, que se habían desempeñado en la APE, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, encubrimiento y peculado.

Se trata de Manuel Martín Alves, quien se desempeñaba al frente de ese organismo, y Ángel David Aragón (gerente de Control de Gestión).

Para discapacitados

La Democracia Cristiana (DC) y un grupo de discapacitados interpuso este viernes un amparo constitucional por mora contra el Gobierno de la Provincia. Pidieron la publicación y puesta en vigencia de una ley provincial que fue aprobada el 21 de diciembre de 2012. La norma, cuyo autor fue José Páez -presidente de la DC- dispone el uso y acceso irrestricto de las personas con discapacidades físicas o mentales al transporte público de pasajeros.

La presentación fue efectuada en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El abogado Pedro Pujol consignó que el artículo 71 de la Carta Magna provincial establece que una vez que una norma es aprobada, debe ser vetada en 10 días o publicada. "Como es una ley que ampara derechos de discapacitados y es de la oposición, no se animaron a vetarla. Tampoco la publicaron. La dejaron en el limbo", criticó.

Páez, precandidato a diputado, recordó que la norma había sido sancionada por unanimidad en la Cámara. "Ratifica una ley nacional y asegura la gratuidad. Para ómnibus interurbanos y urbanos, con sólo presentar certificado de discapacitad. El sistema actual es perverso, porque el discapacitado debe someterse -más allá de la del Siprosa- a otra revisión para que la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) le de su certificado", cuestionó. Diana Israilev, que acompañó la medida, padece de problemas en la columna y la cadera.

"El trámite se demora siempre. Además, la persona con discapacidad no tiene por qué estar con un cartel colgado. Es muy degradante que la gente tenga que pasar por el apuro de que el chofer los haga bajar, por ejemplo", lamentó. Roque Montaño, quien sufre una discapacidad visual, explicó que efectuó presentaciones formales en el Inadi, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Transporte porque sólo les cubren en la actualidad los viajes urbanos.