BUENOS AIRES.- El fallo en Estados Unidos a favor de los reclamos de los fondos de inversión especulativos, denominados buitre, y en contra de la Argentina a generó preocupación por probables consecuencias entre los otros bonistas que aún reclaman el pago de sus títulos impagos desde la moratoria de 2001. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el viernes la propuesta de pago realizada por el Gobierno nacional, que preveía un recorte de la deuda, y respaldó el fallo del juez de primera instancia, Thomas Griesa, que convalida el reclamo del 100% de la deuda por parte de los tenedores de títulos en default. Sin embargo, los efectos del fallo quedaron en suspenso hasta que la Corte Suprema norteamericana defina la apelación de la Argentina.
El abogado especialista en reestructuración de deuda, Eugenio Bruno consideró ayer que la situación "está muy complicada en el aspecto legal". "Si la Argentina paga la sentencia para poner fin al pleito atrás se vienen U$S 20.000 millones de acreedores que no aceptaron el canje de deuda", señaló el experto. Además, indicó que la segunda opción que tiene el Gobierno nacional es no pagar y entrar en un default. "La tercera son caminos alternativos como pagar en otras jurisdicción con algún canje", añadió.
Los fondos de inversión NML Capital y Aurelius Capital, así como bonistas particulares, reclaman el pago de U$S 1.300 millones más intereses. No aceptaron la propuesta argentina de practicar un recorte a la deuda, similar a la que se concretó en los dos tramos de reestructuración. Si el fallo adverso para la Argentina queda en firme, podría desatar nuevas demandas por títulos púbilcos que continúan en cesación de pagos.
Estrategia equivocada
El economista y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, destacó que el hecho de que el fallo haya quedado en suspenso hasta una definición de la Corte Suprema estadounidense ayuda a la Casa Rosada "porque no va a haber decisión hasta después de las elecciones" del 27 de octubre. Sin embargo, advirtió que si el máximo tribunal no toma el caso, la resolución de la Cámara quedaría firme porque no hay otra apelación posible. "Lo que hizo la Argentina fue patear para adelante el tema. La estrategia no fue buena. Podrían haberse sentado a discutir y cerrado este capítulo de una forma rápida", evaluó el economista.
La batalla legal que lleva adelante la administración de la presidenta, Cristina Fernández, se inició cuando un grupo de tenedores de bonos exigieron al país el pago de sus títulos en default, luego de rechazar los canjes de deuda de 2005 y 2010. En este grupo de bonistas están los fondos buitre, entidades que adquirieron bonos de deuda pública en cesación de pagos. Como no cobraron, decidieron reclamar ante la Justicia norteamericana el pago de la totalidad de sus acreencias, es decir U$S 1.300 millones más intereses. El año pasado, Griesa falló a favor de los holdouts y dictaminó que el país debía pagar lo adeudado. La Argentina apeló la resolución ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Este tribunal avaló el fallo del juez, pero luego hizo lugar a un pedido del Gobierno nacional, suspendió la resolución del magistrado y citó a las partes a una audiencia que tuvo lugar en febrero de este año. Allí, el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, insistió con que los fondos buitres reciban lo mismo que el resto de los bonistas. Ahora, la definición está en manos de la Corte Suprema norteamericana. (DPA-Reuters-DyN)