BUENOS AIRES.- Al cierre de la campaña electoral, expresé que la situación del sector agropecuario y del interior del país era mucho más grave que la planteada por la Resolución 125, en 2008, cuando reaccionaron (en el campo) en conjunto, afirmó el consultor privado, Arturo José Navarro.
A pesar de esa situación, “ni desde el oficialismo, ni desde los partidos de la oposición se escucha ninguna propuesta de política macro y sectorial”, que permita empezar a corregir las graves distorsiones económicas que está soportando el sector agropecuario, especialmente las economías regionales.
La idea es que se materialice, lo antes posible, una política para poder salir de la actual distorsión de precios relativos y volver a producir competitivamente, con el fin de aumentar las exportaciones, que generen más dólares genuinos a las ecuánimes arcas del Banco Central, planteó.
Tanto el nuevo jefe de Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, como el ministro de Agricultura de la Nación, ingeniero Carlos Casamiquela, me consta que conocen muy bien el sector y saben perfectamente qué hay que hacer para permitir que el sector agropecuario pueda expresar todo su potencial de producción.
No lo digo por lo que hicieron en el último tiempo. Lo afirmo por sus amplios conocimientos del sector y el trabajo en cadenas productivas que se han desarrollado en el interior en forma incipiente, que serán las bases fundamentales de los clúster regionales, para poder terminar con las erráticas políticas de concentración que explosionan cada diez años.
El diagnóstico de la capacidad de producción que tendría el sector agropecuario y agroindustrial ya está suficientemente definido.
Surgió en las conclusiones del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), como antes lo había realizado la Fundación Producir Conservando, entidad que sí definió que aumentando la superficie de siembra un 10%, y usando las políticas que aplican los productores de punta, la producción del país podría superar las 150 millones de toneladas en pocos años, siempre que se lo acompañe con inversiones en infraestructura, en general, que se necesitan, para poder producir y exportar en forma competitiva al mundo.
Por lo tanto, ¿qué necesitamos definir para superar las 100 millones de toneladas y llegar en algunos años a las 150?
Lo que necesitamos es que “se pongan de acuerdo, en forma definitiva, todos los sectores privados y los políticos, que es la única política que nos va a permitir llegar a dichas metas”.
Es trabajando y produciendo con una economía abierta al mundo, con políticas cambiarias uniformes y competitivas, sin ningún impuesto distorsivo del federalismo y el funcionamiento pleno de una libre competencia de todos los actores, dijo Navarro.
En el mundo, el objetivo de producir y aumentar la producción de alimentos, en cantidad y calidad, no tiene ideología.
Está demostrado que cuanto mayores sean las exportaciones de cualquier alimento, mejor vamos a atender el consumo interno con cantidad y calidad.
Propuesta
Por lo tanto, mi propuesta para la actual coyuntura sería poder avanzar por lo menos en el aumento de la productividad en el ciclo 2013-2014, por un mayor uso de insumos sensibles.
Para darle una señal a los otros sectores productivos, habría que eliminar los impuestos por exportar -mal llamados Derechos de Exportación- a todas las producciones del país, salvo a la soja, en la que se debería avanzar en una reducción escalonada en los próximos ciclos.
Dicha propuesta representaría, solamente, una reducción de ingreso por impuestos por exportar de U$S 1.700 millones, incluyendo U$S 200 millones por aplicación de los reintegros a la producción exportada con valor agregado.
Compensación
Con el sacrificio fiscal que representaría este incentivo, el Estado se debería compensar con mayor endeudamiento internacional, como una forma de poder revertir, en forma urgente, la situación de quebrantos de todas las economías regionales como de las otras producciones, con la única exclusión de la producción de soja.
Sería una mejora muy importante para muchos productores y producciones, y un mensaje muy concreto del nuevo gabinete, de que empezó a cambiar la política para el sector.
El interior no tiene más capacidad de pago y está trabajando con márgenes negativos, como lo saben muy bien los nuevos funcionarios.