El Gobierno solicitó formalmente a la Justicia provincial el desalojo inmediato de los uniformados acuartelados en la Subjefatura de Policía. El pedido fue formulado por el Fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, a la fiscala de turno, Adriana Reynoso Cuello, a quien también le requirió que, de resultar pertinente, "se tomen las medidas necesarias a los efectos de evitar la producción y continuidad de la posible comisión de los delitos de Sedición (artículo 229 del Código Penal) e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (artículo 250 del CP) que pudieren encontrarse desplegando".

Posse Ponessa también evidenció que mediante Decreto Nº 3,927/3 SH, del gobernador, José Alperovich, "se dispuso el aumento salarial para el personal de las Fuerzas de Seguridad de conformidad con lo peticionado por sus representantes".