Después de la convulsión social y la tragedia que enlutó a Tucumán a comienzos de la semana, el remanso de la calma aun se hace esperar y es probable que nada vuelva a ser lo mismo por un buen tiempo en el ánimo y el espíritu de la comunidad. Hay signos, sin embargo, de que el regreso al derecho, las leyes y la justicia están recobrando su lugar en el espacio civilizado transgredido. El peso de la palabra y las recomendaciones de instituciones centrales en la vida y la historia tucumana, como las que surgieron de los principales pastores de la Iglesia Católica, también están marcando un camino por donde seguir en este trasiego complejo y dramático en el que se vio inmersa nuestra sociedad, en gran medida como consecuencia del abandono de una de las principales obligaciones del Estado y de su administrador -el Gobierno-, como es la de brindar seguridad y garantizar la tranquilidad y la paz en la provincia.

El avance de la investigación de los fiscales, tras la denuncia formulada por el Gobierno contra los policías amotinados, el progresivo reconocimiento -a cuentagotas y no de parte de las principales autoridades- de que el órdago de la rebelión se ha transformado un estigma para la Policía de Tucumán que ha mellado la credibilidad y la confianza en la gestión de la seguridad pública son acciones y descargos que se han venido aguardando para encausar el rumbo perdido. A la admisión de responsabilidades institucionales y políticas debiera seguirle también iniciativas y decisiones de peso para reparar verdaderamente los daños económicos generados por los saqueos a comercios y viviendas y la mejor cobertura posible a las familias de las víctimas fallecidas en los lamentables y dolorosos sucesos del lunes y martes.

Sin embargo, el paso fundamental para reencontrar el camino de la normalidad, es decir, el de la búsqueda de una convivencia lo más armónica posible entre los distintos sectores sociales, ha comenzado a tomar fuerza a partir de las advertencias y reclamos de la Iglesia Católica, señalado a través de sus principales pastores. Es que la reconstrucción de la tranquilidad y la tolerancia se han transformado en las necesaria sendas a recorrer en estas semanas de perturbación y drama. La fractura social expuesta en esas 48 horas, el clima de rebelión contra las leyes, la Constitución y el derecho por parte de los distintos actores del drama, tras la retirada perversa del servicio público de policía debe comenzar a repararse cuanto antes, pero a partir de la reflexión espiritual, la autocrítica política y la entereza en la búsqueda de respuesta ejemplares.

El documento del arzobispo de Tucumán en el que pide a todos los ciudadanos que cesen de echarse culpas unos a otros y pongan la vista en el futuro es un aporte fundamental para entender la profundidad del drama vivido. “No es fácil recomponer los lazos rotos, pero es posible hacerlo con el compromiso de todos”, señala monseñor Alfredo Zecca. Previamente, la vicaría de la Pastoral Social había dicho que “la responsabilidad por lo ocurrido no recae de la misma manera en todos los integrantes de la sociedad. En primer lugar, al ser los gobernantes los primeros promotores del bien común, tienen el máximo de responsabilidad por lo sucedido. No es posible gobernar sólo para el día a día”.

Aportes al debate como los de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) y el Colegio de Abogados de Tucumán se agregan -en gran medida- en esa línea de pensamiento y trabajo. Parece oportuno insistir en que el Gobierno provincial debiera convocar a un diálogo intersectorial, político, institucional y social con todos los sectores como otro argumento destinado a rebajar el clima de tensión, diferencias y reproches. 

El debate razonable y civilizado y la construcción de una agenda de respuestas para enfrentar la crisis bien podrían agregar un efecto reconciliador, reconducente, reparador.