La herencia que dejará este 2013 al año fiscal 2014 será pesada para un Gobierno que ha previsto un superávit de $ 8 millones para el penútimo año del tercer mandato del gobernador José Alperovich. La protesta policial le costó al Poder Ejecutivo tucumano unos $ 24 millones mensuales ($ 288 millones a partir de febrero y hasta diciembre próximo), y ha reactivado las demandas salariales antes de tiempo -se producen desde febrero y marzo-. Los gremios estatales quieren una suba similar al obtenido por los policías, del orden de un 35%, aunque el ministro de Economía, Jorge Jiménez, aclaró que el costo salarial es de un 25%.

Si se traspola la demanda policial (el aumento beneficia a 9.100 agentes) al resto de la administración pública provincial, el sobrecosto salarial podría oscilar entre los $ 2.400 millones y los $ 2.600 millones. Por eso, el Gobierno trata de poner paños fríos hasta las paritarias. 

El Presupuesto 2014, sancionado hace un mes, ha previsto gastos por $ 23.000 millones, con erogaciones de Personal en torno de los $ 12.090 millones para  73.025 agentes permanentes del sector público provincial. El mayor gasto se financiará, en buena medida, con reajustes impositivos (nacionales, provinciales y municipales). 

¿Cuál es el contexto del problema salarial policial en la Argentina? Sobre un total de dos millones de cargos públicos a nivel de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el personal afectado a la función Seguridad (policía y servicio penitenciario) concentra unos 300.000 agentes, esto es, un 15% de la planta total, y algo similar del gasto salarial. De este modo, en 2013 el conjunto de provincias habrían destinado $ 39.000 millones para cubrir los sueldos del personal de seguridad, sobre un gasto en personal total de $ 260.000 millones, indicó el reporte semanal de Economía & Regiones (E&R).

“Pese a que la incidencia relativa del personal policial es reducida, existe una alta probabilidad de que el aumento otorgado o por otorgarse a ese sector, termine dificultando las negociaciones salariales del resto de los empleados de la administración pública provincial”, advirtió la consultora. 

Esta situación se daría en un contexto de escaso margen para incrementar los recursos propios, ya que la mayoría de las provincias introdujo amplias reformas tributarias en los últimos dos años, llevando la presión fiscal provincial a sus máximos históricos, y un 2014 donde, de no mediar refinanciación, las provincias deberán atender los servicios de la deuda reprogramada con el Gobierno nacional, que le insumirían un gasto adicional de $ 10.000 millones en concepto de intereses y amortizaciones, indicó el informe.

Cómo están los distritos

Según Economía & Regiones, al cierre del ejercicio, las provincias lograrían reducir de $ 16.000 millones a $ 11.000 millones su déficit financiero, lo cual revierte la tendencia fiscal observada desde 2010 a la fecha. En el caso de Tucumán, se había previsto para este año un superávit total cercano a los $ 100 millones. De hecho, el aumento a los policías repercutirá a partir de febrero, por lo que no tendrá incidencia alguna en el resultado fiscal 2013.

Esta dinámica se logró en base a dos situaciones fundamentales, dice E&R:

• La contención del crecimiento de las erogaciones públicas, aun en un año electoral. En este sentido, la pauta de incremento salarial promedio bajó de un 28% (2012) a un 24‐25% en 2013, logrando que la tasa de expansión del gasto primario “sólo” se acelerase del 22% al 29%. Si se toma la evaluación presupuestaria oficial, no ha sido el caso tucumano: de hecho, el Ministerio de Economía ha revelado recientemente que la expansión del gasto para 2014 será en torno de un 35% respecto de lo pautado originalmente para este período.

• Las subas impositivas que lograron subir del 30% al 45% la tasa de expansión de la recaudación local, generando $ 21.000 millones adicionales a lo largo del año. El incremento de las transferencias de coparticipación desde la órbita nacional acompañó este crecimiento, permitiendo cerrar el ejercicio con una suba global de los recursos del 32%, tres puntos porcentuales por encima del crecimiento de las erogaciones. En ese contexto, la Dirección General de Rentas ha batido este año récord de recaudación (en valores corrientes). Transcurridos 11 meses del año, el organismo computó ingresos acumulados por $ 4.000 millones, un 40,5% superior a lo obtenido en igual período de 2012 ($ 1.163 millones más).

“No obstante, las condiciones actuales impiden pensar en un 2014 tan benevolente. Por un lado, la presión tributaria local (también nacional) ya se ubica en niveles récord, lo cual no da margen para una nueva ola de subas impositivas”, advierte E&R.  

La consultora prevé una pauta salarial de un 26% promedio para las 24 jurisdicciones, “aunque los acontecimientos recientes hacen pensar en una suba superior”. 

En caso de que el aumento sea del 26%, el costo salarial subiría un 31%, producto de las actualizaciones automáticas por antigüedad y reacomodamientos de escalafones que se activan a principios de año, acotó el informe semanal. 

Escenario

El déficit anual

Con un aumento promedio salarial del 26%, el escenario base de E&R arroja un déficit anual cercano a los $ 17.000 millones, es decir, se “perdería” lo ganado en 2013, ya que el rojo crecería un 56%, volviendo a los niveles de 2012. En este caso, la política salarial es desdoblada en un 16% en el segundo trimestre de 2014 y otro 10% en el tercero. Las necesidades financieras anuales suben al 1.2% del PBI ($ 39.000 millones), expandiéndose un 55% interanual.

Gasto adicional

El segundo escenario, incluye el de base (26% aumento promedio), junto a una suba del 30% para el personal de seguridad. Este incremento diferencial implica un gasto adicional de $ 1.320 millones. Economía & Regiones asigna muy baja probabilidad a este escenario, ya que resultará una tarea casi titánica mantener a raya al resto de los gremios, otorgándoles subas salariales menores al 30%.

Aumentos del 30%

El tercer escenario incluye aumentos del 30% para toda la Administración Pública Provincial, subiendo en este caso a $ 350.000 millones el gasto en personal y a $26.000 millones el déficit anual. Incluyendo el pago de amortizaciones, el rojo sube hasta $ 47.500 millones, prácticamente el doble del alcanzado en 2013, y representando el 1,5% del PBI, una cifra cada vez más difícil de financiar.