Las personas que perdieron la vida tras los saqueos del 10 y 11 de diciembre, y que fueron contabilizadas de manera oficial por el Gobierno, ascienden a cinco. Sin embargo, de acuerdo a un relevamiento realizado ayer por LA GACETA en hospitales, sanatorios privados y a través de consultas a familiares de víctimas, las personas fallecidas, hasta el momento, sumarían ocho.

Según explicaron desde el Poder Ejecutivo (PE), hubo tucumanos que no pudieron ser registrados porque fallecieron en los lugares donde se produjeron los incidentes y no llegaron a los centros asistenciales dependientes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

Así, el Ministerio de Salud de la Provincia sólo pudo confirmar cinco muertes: dos pacientes internados en el Hospital Padilla; dos personas que fueron atendidas en el Centro de Salud; y el joven Carlos Díaz, de 24 años, quien perdió la vida en el acto, tras recibir un tiro en la frente, cuando se produjeron incidentes entre vecinos de 9 de julio al 3.800 que habían montado una barricada. De esas cinco personas que fueron contabilizadas por el PE, se pudo constatar la identidad de Jesús Villalba, quien falleció el lunes de la semana pasada en el Hospital Padilla.

Los tres ciudadanos que se suman al listado trágico, de acuerdo al relevamiento realizado por este diario, serían: Javier Cuello (habría recibido dos balazos y murió en México y Viamonte); Daniel Herrera (murió en el Sanatorio Rivadavia el viernes, y había sido derivado a ese nosocomio desde el hospital Padilla), y Aldo Molina (oriundo de Los Ralos, habría fallecido al producirse un tiroteo en la distribuidora Sancor de Banda del Río Salí).

Desde que estallaron los incidentes, en las redes sociales -Facebook principalmente- comenzó circular otra información. Un sitio de internet comentaba que serían 40 las personas que perdieron la vida tras los incidentes. No obstante, la información brindada fue construida a través de rumores y transcendidos, y ningún caso fue chequeado.

Según explicaron fuentes judiciales y del PE, puede haber un margen de error a la hora contabilizar el número oficial de personas fallecidas. Entre las explicaciones que brindan, sostienen que durante la crisis policial las instituciones no funcionaron correctamente. En circunstancias menos convulsionadas o corrientes, las denuncias de homicidios y de lesiones llegan a la Justicia por medio de las guardias de los hospitales y de las comisarías. Pero esos servicios se vieron afectados por la huelga policial, indicaron. En los Tribunales conjeturan que, por esta razón, no se llegó a constatar la totalidad de los casos producidos durante los saqueos y los enfrentamientos derivados de ellos. También es posible que se hayan producido hechos de que, deliberadamente, no fueron informados a las autoridades para no agravar más la situación. No descartan que los casos podrían haberse multiplicado, al estar toda la población crispada y portando armas de fuego en esos momentos.

En cuanto a la situación específica del Hospital Padilla -fue el centro asistencial que mayor movimiento registró- los médicos Marcelo Monteros (director), Jorge Valdecantos (subdirector técnico) y Lilia Rubio (subdirectora médica) confirmaron que unos 200 tucumanos fueron atendidos durante los días de caos, porque presentaban heridas de diversa consideración. La mayoría de esos incidentes tenía una relación directa con el caos y descontrol que produjeron los saqueos, dijeron.

“La guardia estuvo desbordada y hubo muchas personas heridas que eran dejadas en la puerta del hospital y nadie se presentaba a identificarse como familiar”, señaló Monteros. En tanto, sus colegas Valdecantos y Rubio expresaron que los agentes sanitarios que trabajan en el hospital “nunca se retiraron” a sus casas durante esos tres días de convulsión. La mesa de conducción del centro asistencial también confirmó que la farmacia del hospital no fue saqueada, y que la cantidad de ingresos de pacientes fue disminuyendo paulatinamente. “A la gente se le hacía más difícil llegar al hospital debido a las barricadas. A raíz de toda esta situación queremos destacar el trabajo del personal de la guardia. De acuerdo al acta donde se registran las defunciones, en el hospital Padilla sólo murieron dos personas en circunstancias relacionadas con los saqueos”, aclararon los profesionales a este diario.

Repercusiones

Cambios en las regionales.- Debido a la asunción de los comisarios generales Dante Bustamante y Mario Rojas como jefe y subjefe de Policía, un grupo de experimentados integrantes de la fuerza pasarán a retiro, debido a cuestiones reglamentarias del cuerpo. Así, se producirán cambios en diferentes Unidades Regionales. Los nombres de los nuevos encargados se definirán en los próximos días, según indicaron de la Policía. Mientras tanto, quienes eran segundos jefes de los ahora comisarios retirados ocuparán esos cargos, se agregó.

"Cóctel explosivo".- El peronista Antonio Guerrero se refirió al caos de la semana pasada y criticó al oficialismo. “Fue la culminación de un proceso lento de corrupción, que tuvo como protagonismo a funcionarios del gobierno, policías y jóvenes delincuentes que hace mucho tiempo vienen delinquiendo con la protección de la Policía y determinados funcionarios políticos responsables de la inseguridad”, indicó el ex funcionario mirandista. Según Guerrero, existen “delincuentes que son aprehendidos in fraganti y liberados a poco tiempo de estar alojados en las comisarías sin sumario y a cambio de dinero, y se transforman en ‘protegidos’”. “Este coctel explosivo fue creciendo al amparo de la negligencia manifiesta del Gobierno y su Policía”.

Prpyecto radical.- Ayer, en la Legislatura, ingresó un proyecto de ley de los radicales Federico Romano Norri y Roberto Sánchez, quienes proponen resarcimientos económicos para comerciantes afectados por los saqueos. “El texto contempla tres ítems de ayuda: a) subsidios no reintegrables, b) exención de impuestos provinciales, y c) líneas de créditos otorgados por la Caja Popular de Ahorros”, indicaron desde el radicalismo. El diputado nacional radical José Cano también se refirió a esos incidentes. “Lo que sucedió en Tucumán puso en evidencia que hay situaciones de pobreza, marginalidad, inseguridad y corrupción que no están resueltas”, dijo Cano.