BUENOS AIRES.- Tras la devaluación de enero, la administración Kirchner empieza a reconocer la realidad y a plantear que no todo se ajusta al relato. El Presupuesto 2014, convertido en una intención de buenos deseos, quedó reducido a escombros y ahora la Casa Rosada deberá enviar al Congreso una nueva iniciativa que corrija las proyecciones financieras sancionadas en las trasnochadas sesiones de 2013.

El gobierno nacional deberá blanquear las nuevas proyecciones inflacionarias, el nuevo tipo de cambio -¿será el último ajuste cambiario en el año?- y al menos la nueva estimación de ingresos fiscales. El cuasi sinceramiento del jefe de Gabinete explica que la ley sancionada no responde al realismo posdevaluatorio y se queda en otro cuento del relato oficial. Aun con todo, el gobierno deberá poner de manifiesto que el déficit financiero, lejos de reducirse, se ubicará en torno del 4% del PBI. Pero seguramente quedará plasmado que el ajuste sólo llegará al tipo de cambio, los precios y los salarios y dejará nuevamente al margen el exagerado volumen de gasto público improductivo, el verdadero motor inflacionario. Para la Casa Rosada y la liturgia kirchnerista, el gasto nunca resulta poco porque no lo pagan ellos sino el resto de la sociedad. La política fiscal seguirá impulsando las presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, dejará al desnudo que para financiarla deberá contar con una monumental emisión monetaria. Esto revela que el esfuerzo realizado por el Banco Central, en su política de absorción monetaria, habrá sido estéril y el alto costo pagado con la suba de tasas de interés se habrá convertido en el umbral de un ciclo recesivo requerida para su convalidación. El financiamiento del monumental déficit fiscal a través de adelantos transitorios, giro de utilidades y uso de reservas del BCRA, podría superar largamente los $ 200.000 millones.

El BCRA es el principal acreedor del Tesoro y, en su contabilidad, registra créditos a cobrar por un monto superior a los U$S 50.000 millones. Este volumen supera los recursos disponibles por el Tesoro. Se trata de una deuda que no puede ser monetizada y que en el mejor de los casos sería cancelada por otro gobierno o por nadie. Pero lo que obliga al gobierno a realizar la modificación presupuestaria no es otra cosa que la inflación. El índice de precios -mal medido por el Indec, a partir de no poder hacer posible un empalme estadístico-, dejará en el primer bimestre del año, un incremento general de precios cercano al 10%. A este ritmo, y con la absorción de liquidez del BCRA, el inicio de un ciclo recesivo está a la vuelta de la esquina. Pero el gobierno no acierta en las medidas. El impacto de la suba de los impuestos internos sobre la fabricación de motos y autos, ya produjo suspensiones y despidos. Es un impuesto de escasísima significación fiscal y que, si bien produjo una menor utilización de divisas, también disparó una suba de precios y una caída de ventas del orden del 20% anual. Con la suba impositiva, no sólo se incrementó el valor de las unidades de alta gama, sino que además obligó a las terminales a blanquear el valor de los autos más populares y el resultado terminará impactando en los niveles de empleo y consumo. Los motores del crecimiento -autos y metalmecánica-, se están enfriando e impactará de lleno en la demanda global y en el empleo, combinando los efectos perversos de inflación y estancamiento.