Las voces a favor y en contra de la ley contra los dealers siguen resonando en la escena política tucumana. Tras la sesión del jueves de la Legislatura, la Provincia está adherida a la Ley Nacional de Estupefacientes, en el párrafo que habilita la competencia de la Justicia local para investigar causas sobre venta de droga al “menudeo” o de tenencia para consumo personal. La norma comenzará a regir desde el 1 de marzo de 2015 (el PE puede aplazar la fecha), y el alperovichismo está decidido a avanzar. Los sectores de la oposición sin embargo plantean interrogantes y dudan del efecto de este sistema.

El gobernador, José Alperovich, agradeció expresamente a la banca oficialista “Tucumán Crece” por haber impulsado la sanción de esta norma, entre otras (también se aprobó una ley que beneficia a las constructoras, con un anticipo de fondos de hasta $ 30 millones). “Por más que uno termine el gobierno, esté quien esté, se está creando una plataforma para que Tucumán pueda despegar”, señaló. Y agregó: “creo que todas las leyes que se aprobaron son muy importantes y le quiero agradecer a los legisladores por el apoyo. Aunque para la oposición todo lo que hacemos está mal, intentar luchar contra los que venden droga es algo que tenemos que resolver entre todos, con el apoyo de la justicia, con prevención y con represión a quien venda”.

En los sectores refractarios al Gobierno, los interrogantes que plantean son diversos. Los legisladores Alberto Colombres Garmendia (PRO) y Ariel García (UCR) leyeron en el recinto el jueves fallos judiciales que se refieren a los estándares sobre tenencia simple y narcotráfico. “Según una sentencia reciente, 20 ravioles de cocaína eran considerados para consumo personal. Esto está poco claro”, expresó el macrista. Además, se refirió a los dichos del camarista federal Ricardo Sanjuán, quien en una entrevista con LA GACETA había expresado que veía con buenos ojos el pase de competencia para causas de microdealers, declaraciones explotadas luego por la bancada oficialista en la sesión. “Se trata de un juez que está lanzado para gobernador; veamos cuando existe una intencionalidad política”, dijo Colombres Garmendia.

García también cuestionó la legalidad de la iniciativa. “La Cámara de la Justicia federal ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737. Este es un fallo de hace dos días”, aseveró el opositor. Y añadió que en Tucumán no existen centros de rehabilitación para adictos sin causas judiciales. “Las Moritas no los recibe. Por eso, entre otras cosas, esta ley mínimamente debería haber vuelto a comisión”, añadió.