Eran estudiantes universitarios. Veinteañeros. Con días de diferencia, fueron secuestrados durante el terrorismo de Estado, en 1976. Los testimonios de sobrevivientes coincidieron en que los habían visto en el centro clandestino de detención y exterminio que funcionó en el Arsenal “Miguel de Azcuénaga”. Fueron víctimas de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” (ex militares y ex gendarmes fueron condenados por sus crímenes). Sus familias no supieron qué fue de ellos hasta esta semana. Restos de Enrique Sánchez y de Hernán González fueron hallados en la fosa común conocida como el Pozo de Vargas, en Tafí Viejo. El juez federal N° 2, Fernando Poviña, notificó a los allegados de ambos los resultados de los análisis de ADN entregados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).  

Sánchez, de 23 años, cursaba la carrera de Bioquímica y era delegado estudiantil. Estaba casado con Alicia Noli -actual jueza federal- y tenían un pequeño hijo, Juan Pablo. La noche del 14 de septiembre fue sacado de su casa por personas armadas vestidas de civil. Dos días después, compañeros de facultad lo vieron en un auto en las afueras de dependencias de la UNT. Esa tarde, en ese vehículo, secuestraron a su compañero de estudios, el catamarqueño Juan Carreras (permanece desaparecido).

En el juicio por la megacausa, testigos dieron cuenta de su paso por el Arsenal. Cristina Román de Fiad, una de ellas, recordó  que el joven hablaba permanentemente de su esposa e hijo y que intentó enviarles mensajes mediante liberados. Varios coincidieron en mencionar esos detalles. González tenía 20 años y era hijo del conocido poeta Juan González. Fue secuestrado el 17 de septiembre en los pasillos del Hospital Padilla por un grupo armado. En ese lugar estaba por acudir a clases de una materia de la carrera de Medicina. Compañeros de la UNT que estuvieron detenidos y otros testigos afirmaron que estuvo también en el Arsenal.  

Con la de los dos jóvenes, suman 24 las identificaciones efectuadas en el Pozo de Vargas. El juzgado requirió mediante un comunicado a familiares de desaparecidos que se acerquen a la Secretaría de Derechos Humanos (subsuelo de la Casa de Gobierno) para iniciar el procedimiento para brindar muestras de sangre. Ocurre que, según organismos de Derechos Humanos, hay  todavía una treintena de restos sin identificar.

La investigación en la finca en la que se encuentra el ducto de agua -habría alimentado locomotoras a vapor- se había iniciado en 2002 con la denuncia del dirigente Enrique Romero. Los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit) y del EAAF trabajan en conjunto.    

Los vestigios de desaparecidos fueron rescatados entre agua, vigas de quebracho, ropa, zapatos, cinturones, proyectiles y vainas servidas. De acuerdo con las fechas en las que habían sido vistas las víctimas en diferentes centros clandestinos de detención y del material encontrado junto a los restos, se estima que la fosa habría estado “activa” como sitio para arrojar cadáveres entre 1975 y 1977, aproximadamente.