BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Estados Unidos definirá el jueves si acepta tomar el juicio entre la Argentina y los acreedores que no aceptaron entrar a los canjes de deuda (llamados “buitre” por el Gobierno argentino), realizados en 2005 y 2010, si lo rechaza y deja en firme un fallo adverso al país o si pide la opinión del gobierno norteamericano. En este último caso, la resolución del tema puede extenderse por varios meses y hay más posibilidades que beneficie a la Argentina por sobre el reclamo de los tenedores de bonos impagos.

Una comitiva de diputados y senadores kirchneristas y de la oposición viajó anoche a Washington para reunirse con legisladores norteamericanos para respaldar la posición argentina, a la espera de la resolución del máximo tribunal.

Un fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, condenó al país a pagar 1.300 millones de dólares, en efectivo y de una sola vez, a acreedores que no aceptaron las reestructuraciones de deuda ofrecidas en 2005 y 2010. La Argentina apeló el fallo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que lo ratificó y obligó al país a utilizar el último recurso judicial que es la Corte de EEUU.

Argentina apeló los fallos basándose en el principio de “Inmunidad Soberana” que tienen los países para reestructurar deudas y en el riesgo que conlleva para el sistema financiero internacional un fallo favorable a los acreedores. Y requirió a la Corte Suprema de EEUU la revisión de los fallos adversos de primera y segunda instancia, por considerarlos “erróneos” en la interpretación de la cláusula de “igual tratamiento a acreedores (pari passu)”.

“Estas decisiones violan la soberanía de la República Argentina, porque pretenden que se pague a los holdouts con reservas que gozan de inmunidad soberana”, alegó el Gobierno argentino en un escrito presentado el mes pasado ante la Corte. En esa última presentación, Argentina también reafirmó su compromiso de cumplir con los pagos de la deuda reestructurada y aceptada por el 93% de los acreedores.

El presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, encabeza la delegación de diputados en Washington para respaldar la postura argentina ante los fondos buitre, y de la que forman parte los kirchneristas Roberto Feletti y Omar Perotti; el jefe de la bancada del Frente Renovador, Darío Giustozzi; el secretario de la comisión de Finanzas, el macrista Federico Sturzenegger; el jefe del bloque Compromiso Federal, Lino Aguilar, y el diputado Martín Lousteau, de UNEN, entre otros.

Feletti dijo que el objetivo de esa comitiva es contrarrestar el lobby de algunos congresistas norteamericanos. Remarcó que “no aparecen actitudes hostiles” de parte de organismos como el FMI o el Tesoro de EEUU sobre este conflicto, pero advirtió que “sí hay un lobby de congresistas, sobre todo asociados al partido Republicano, fuertemente implicados con los buitres, que generan una corriente de opinión antiargentina. En ese marco, dijo que las entrevistas que mantendrán con legisladores norteamericanos es “para fijar la posición argentina, también con carácter pluripartidario, justamente para contrarrestar esa posición”.

Explicó que en caso de que la Corte rechace tomar el juicio, “quedan firmes las sentencias en favor de los fondos buitres”. Y dijo que “está previsto en la ley de reapertura del canje que se deberá cambiar el domicilio de pago”. “(Los holdouts) van a seguir cobrando sus acreencias; lo único que tendrán que hacerlo no a través del agente pagador, que es el Banco de Nueva York, sino a través del Banco de la Nación Argentina”, indicó. (DyN)