Mientras hay instituciones y vecinos que sueñan con hacer del Campo Norte el pulmón verde de la zona noroeste de la capital, los carros con basura, escombros y ramas están formando una montaña inexpugnable en el centro mismo del gigantesco predio junto a la avenida Viamonte. Suena curioso pero es inquietante, no sólo porque se trata de una tentación para los generadores de ocupaciones ilegales (en septiembre se abortó un conato de usurpación) sino porque allí la Municipalidad se ha planteado hace tiempo construir un lugar de esparcimiento. Ha hecho caminerías y ha puesto iluminación. Pero ha fracasado antes de completar los trabajos. Hoy se viven batallas cotidianas entre residentes de la zona y carreros. Los funcionarios dicen que hace falta guardia policial permanente y la Policía responde que no puede poner agentes para evitar el basural. El campo Norte es un laboratorio en el que se debaten la urbanización y el crecimiento de esta sociedad.
La Defensoría del Pueblo ha exhortado a la Municipalidad (al secretario de Servicios Públicos, Walter Berarducci) a que haga recoger los residuos porque se lo ordena la Ley 8.711; y al jefe de Policía, Jorge Bustamante, a que coordine con la Municipalidad, porque así se lo ordena la Ley 7.883. También les informa de su responsabilidad al intendente, Domingo Amaya y al ministro de Seguridad, Jorge Gassembauer. ¿Cuál es el sentido de esto? Quizá crean que ninguno; pero demuestra que si los responsables del Gobierno no cumplen la ley, ¿con qué autoridad le pueden exigir a un carrero que la cumpla? ¿O a un vecino o a un comerciante que contratan a carreros para que se lleven sus residuos, sus ramas o sus escombros?
Se trata de un problema de conciencia, dicen los funcionarios, expertos en repartir en la generalidad las incompetencias de la gestión. Pero es evidente que más que todo es una falta de estudio profundo del problema. Veamos: la lógica dice que si no funciona el sistema municipal de recolección de escombros, cualquier vecino preferirá pagar $ 20 o $ 40 a un carrito antes que los $ 480 que cuesta un contenedor. Ergo, no hay ley ni multa que valga... a menos que haya una decisión clara de multar, y entonces habría que tener cuadrillas destinadas a seguir el recorrido de los 500 carritos que circulan y ver quiénes son los que contratan sus servicios.
Pero si es un problema de conciencia, el asunto pasa por ver de quién. ¿Del carrero? (hasta puede ser vecino de la zona, pero es un sobreviviente y vive de la basura). ¿Del vecino? (mientras no se sienta representado, no es ciudadano sino un individuo). ¿Del funcionario? (mientras le eche la culpa al otro, no logrará ver el problema de forma integral).
Campo Norte es un laboratorio porque tiene gestión municipal pero pertenece a la provincia. El gobernador José Alperovich y el intendente Amaya no saben dónde estarán para el Bicentenario, de modo que sólo con una conciencia integral del valor del Campo Norte y de su función en la ciudad se podrían interesar en serio y hacer realidad el proyecto de hacer ahí el Parque Norte para el Bicentenario. Los problemas de la zona son parecidos a los de hace 100 años, cuando se hizo el parque 9 de Julio en una zona pantanosa y degradada, ubicada en los suburbios de la ciudad. Con la diferencia de que ahora ni siquiera hace falta expropiar tierras.
La gestión de las tierras vacías y de la basura no es fácil en ningún lado, y en Tucumán es uno de los principales problemas urbanos. Necesita mentes pensantes y equipos multidisciplinarios, más allá de una novel Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos hecha por un Gobierno que en vez de coordinar con la Municipalidad compite con ella. De otro modo, la basura se enseñorea y se transforma en el verdadero paisaje, como en la pequeña historieta futurista “Residuos circulares” de Matías Santellán y Serafín, en la que un hombre se despierta en medio de un inmenso basural y cuando asume dónde se encuentra, es reciclado por robots y vuelve a nacer en el mismo basural. Sin fin.