BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional analizaba ayer la presentación o no de sus abogados patrocinantes en la audiencia que se realizara el martes en Nueva York, según fuentes gubernamentales. El magistrado cursó la convocatoria a los bancos fiduciarios y a un grupo de fondos buitre, a fin de estudiar la situación del dinero que la Argentina depositó en las cuentas de las entidades financieras para atender vencimientos con bonistas reestructurados. En su llamado, Griesa no incluyó a la Argentina y por lo tanto el Gobierno evalúa si los letrados participarán sólo de manera presencial o bien si se le solicitará al juez que sean parte de la discusión.

La audiencia del martes es considerada clave porque allí Griesa podría dejar sentada su posición respecto de los pedidos de la Argentina para que reponga el amparo que permite el pago a bonistas regulares.

Por otra parte, el juez deberá asumir la responsabilidad de que su fallo también afecte a bonistas con legislación fuera de su jurisdicción. Si Griesa habilita estos pagos, el default de la Argentina sería controversial. ya que sólo se concentraría en tenedores de bonos con legislación americana y a instancias de un fallo judicial. En caso de que Griesa no dé ninguna señal, quedarán apenas seis días hábiles para que la Argentina ingrese en default.

Antes de esta decisión oficial, el Gobierno afirmó que “continúa honrando el pago de su deuda externa” y que no entrará en default, al denunciar que “los fondos buitre extorsionan y amenazan” para presionar a la administración de Cristina Fernández de Kirchner a “sobreendeudar al país y apropiarse de sus recursos estratégicos”.

“Default es no pagar; Argentina paga. Es hora de dejar de mentir y especular”, aseguró el Gobierno en avisos que publicó en los principales diarios del país. El Ejecutivo informó que “Argentina quiere seguir dialogando en condiciones justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas”.

De acuerdo a la publicación oficial, “los fondos buitres intentan embargar el dinero de los bonistas de los canjes (de la deuda en cesación de pagos realizados en) 2005 y 2010 para lograr una ganancia exorbitante”. “Así, un uno por ciento de los bonistas pretende perjudicar al 92,4 por ciento que aceptó la reestructuración” de la deuda en moratoria. El Gobierno sostuvo, en tanto, que “la justicia debe liberar los fondos que son propiedad de los bonistas argentinos y permitir cobrar su dinero”. Esos fondos, girados por Buenos Aires para el pago de un vencimiento, fueron frenados por el fallo judicial en Estados Unidos a favor de los fondos buitre, que reclaman el pago completo de los bonos soberanos en cesación de pagos y no entraron en la reestructuración que aplicó una importante quita en la deuda soberana.

“Los fondos buitres -dice la solicitada- intentan permanentemente que Argentina vuelva al modelo de sobreendeudamiento que lo llevó al default de 2001. Quieren que Argentina caiga en la trampa del sobreendeudamiento, confirmando una ganancia exorbitante a los buitres que después se hará extensiva al 92,4 por ciento de los acreedores que sí aceptaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010”.

“No intentan que Argentina pague 1.600 millones de dólares. Quieren que Argentina tome nuevo endeudamiento por valores de 120.000 millones de dólares y que, según los analistas, podría superar los 500.000 millones de dólares. Mediante esta maniobra quieren poner al país contra las cuerdas. Si Argentina vuelve a estar sobreendeudada, se articula la ‘bicicleta financiera’, bajo la permanente amenaza del default”, advirtió. (DyN)