Los policías han podido explicar que no se pudo responder a los vecinos del Barrio Jardín porque el servicio de emergencias 911 “está saturado”. Como los residentes de la zona están asustados -uno de ellos, Sergio Cervera, dijo que de 100 que estaban en la reunión del miércoles pasado, 70 habían sido víctimas de robos- los comisarios les dieron los números de celulares de dos altos oficiales para que llamen en caso de emergencias y les prometieron poner dos motociclistas para que patrullen la zona.

Los policías también han tratado de explicar por qué no funcionaban las cámaras de vigilancia en las esquinas de la calle Sarmiento al 1.800 de Yerba Buena, donde el 26 de julio fue desvalijada, a mediodía, la casa del empresario Guillermo Selis. El jefe de la comisaría de Yerba Buena, Víctor Fernández, ha prometido un informe del Centro de Monitoreo, a fin de entender por qué estaban apagadas las filmadoras. Acaso se explique que, por vandalismo, desperfectos o falta de mantenimiento adecuado, un 30% de las cámaras no funcione, como denunció la oposición en Mendoza en mayo pasado sobre el sistema de monitoreo. Pero esa respuesta ya no le sirve a Selis, porque ni siquiera tendrá una pista para saber quién se llevó sus cosas. Las calles interiores de Yerba Buena suelen estar despobladas a toda hora: es el karma de la ciudad residencial y la fiesta de los oportunistas.

Lo que los policías y el Gobierno no pueden explicar es la muerte. En Cebil Redondo, donde fue asesinado ayer el agricultor Ramón Cazorla, no hay filmadoras y el 911 no sirvió de nada: su esposa apenas pudo llamar dos horas después del ataque. Ambos habían sido amordazados y él, cuando logró liberarse, se trenzó en lucha con un asaltante y murió golpeado.

Los comisarios y los agricultores sabían que había peligro en la zona: a comienzos de mayo, la Asociación Tucumana de Citrus denunció que había bandas organizadas que atacaban las fincas para llevarse frutas y elementos de trabajo. “Muchos medianos y pequeños productores pasan las noches enteras con armas, custodiando sus fincas. Lo que antes era un robo de tres o cuatro bolsas, pasó a ser el ingreso de 20 personas con armas para atracar camiones enteros de frutas”, explicaron. Los citricultores dieron datos de un mercado negro de productos y la respuesta del Ministerio de Seguridad fue armar con ellos un Comité de Seguridad que necesariamente depende de la disponibilidad de hombres de la Policía.

Pero la Policía y el Ministerio de Seguridad no aportan demasiado para ese comité. Aunque se asegura que hay un plan de seguridad, con cámaras de vigilancia y 911, y hasta con mapas del delito hechos con informes de comisarías (se ha hecho esto en las zonas de las seccionales 1a y 2a), en realidad los policías se pasan los días haciendo operativos de emergencia, surgidos de los hechos de violencia del momento. O sea: sacan agentes de un lado para ponerlos en otro, sin poder explicar muy bien qué pasa.

Ahora les prometieron vigilancia a los vecinos de barrio Jardín. Pero la semana pasada la promesa fue para la gente que vive en Barrio Sur, donde, luego del robo de un auto a mano armada a una vecina de Bolívar al 100, se descubrió que la barriada es el reino de los arrebatadores a mano armada -mientras el jefe de comisaría decía que habían disminuido un 40% las denuncias al 911-. Y también la Policía tuvo que salir a armar esquemas de emergencia en Yerba Buena, como los tuvo que hacer en San Pablo, donde a diario hay asaltos e intentos de asalto en la zona de los countries en el camino a Villa Nougués.

Esos operativos de emergencia son corridas y manotazos que acaso son reacciones tardías a la pérdida de cosas materiales, pero no son respuestas ante los hechos de sangre ni ante la muerte.