La defraudación en perjuicio del Estado nacional está prescripta, lo mismo que la falsificación del instrumento privado, según Walter Ojeda Ávila (retrato), defensor de Alfredo Ducca, colega e imputado en la causa “Borquez”. “Siento cierta vergüenza al tener que hacer este planteo nuevamente. Siento vergüenza como abogado”, dijo ayer el profesional durante su alegato.
A continuación, atacó la acusación que un rato antes había sostenido Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. “La defraudación requiere un ardid y un engaño presente en el momento en el que se configura el plan criminal. En la alocución del fiscal no encuentro nada de esto: nadie sabe en qué consistió el supuesto ardid y el engaño inicial”, arremetió.
Ojeda Ávila enfatizó que sin esos elementos no era posible hablar del delito de defraudación. “¿Qué hizo Ducca? Una demanda para Cristina de Fátima Atim (hija de la ex bonista sobreseída Inés Yolanda Borquez), que buscó sus servicios por referencias de un colega (el coimputado Daniel Martín). Él redactó el escrito y lo entregó a Atim: eso es todo”, apuntó. Y añadió: “Ducca no certificó la documentación médica ni la relativa a la tenencia de los títulos, y no pudo saber que eran falsos los estudios (que acreditaban que la ex bonista Borquez padecía cáncer)”.
El defensor insistió en que su cliente no había tenido ningún tipo de participación en el juicio iniciado para cobrar los bonos en default. “Aparecen escritos firmados por él, pero de ninguna manera esas rúbricas se corresponden con la suya. No estuvo en Buenos Aires y no diligenció oficios en el Ministerio de Economía de la Nación. Eran otros los abogados que preguntaban por la causa ‘Borquez’”, aseguró.