BUENOS AIRES.- La diputada nacional Elisa Carrió presentó un recurso de amparo para frenar el tratamiento del nuevo Código Civil y Comercial en Diputados, al considerar “absolutamente ilegal” el procedimiento que impulsa el oficialismo, mientras el PRO advirtió que también irá a la Justicia.
El kirchnerismo buscará mañana convertir en ley, en un trámite rápido, el dictamen tal como vino del Senado y pese a las objeciones por los cambios introducidos al aprobarlo, entre ellos la cláusula sobre el inicio de la vida desde la concepción.
El procedimiento “es absolutamente ilegal porque viola el principio de formación y sanción de las leyes establecidos en la Constitución”, dijo Carrió. La opositora reclama el giro de la iniciativa “a las Comisiones parlamentarias permanentes competentes para su debate por parte de los diputados de la Nación”. “Hace dos años se creó una bicameral, lo cual es inconstitucional”, advirtió.
Carrió denunció, también, que la oposición, la Iglesia y la Corte Suprema de Justicia son “cómplices” del oficialismo en el tratamiento de esta iniciativa. Además, se negó “a tratar una ley que va a cambiar las relaciones privadas de todos los argentinos. Hacerlo sería plegarme al antirrepublicanismo”.
En la presentación que realizó junto con el diputado Fernando Sánchez, Carrió solicitó al titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que “se abstenga de convocar al tratamiento” y reclamó que ante “la inminencia de la sanción” del proyecto del oficialismo se dicte una medida cautelar para impedir la sesión. Y alertó que, de ser sancionada la ley del nuevo Código Civil, “podría verse reiteradamente cuestionada en los tribunales”.
También atribuyó responsabilidad en el “apuro” para sancionar la ley al presidente de la Corte: “acá hay un papel muy importante de (Ricardo) Lorenzetti, este Código le va a dar millones de pesos. Todos los abogados tienen que comprar el Código Civil comentado. ¿Quiénes los hacen? Elena Highton de Nolasco y Lorenzetti”, sostuvo.
El diputado Federico Pinedo advirtió que si el kirchnerismo insiste con darle “tramite exprés al Código Civil”, el PRO pedirá “que la Justicia defienda la representación popular y deje sin efecto la sanción de un proyecto que la desconoció. Es completamente contrario a la democracia, absurdo y contrario al reglamento -que se apruebe un proyecto- en base al análisis de quienes ya no ocupan una banca en la Cámara porque venció su mandato”.
La diputada macrista y titular de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, también irá a la Justicia porque “la mitad de los legisladores que la componen no tiene noción de los que se pretende sancionar. Al cambiar la composición de la Cámara, caen los dictámenes”.
El consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi opinó que es “un error monumental” que la ley se apruebe mediante este procedimiento e interpeló: “¿queremos que nuestros derechos personales y familiares queden en las manos de Cristina Fernández y de sus legisladores?”. Domínguez defendió el proyecto y dijo que “el Código se ha debatido en más de doce lugares de la Argentina”. (DyN)