BUENOS AIRES.- Un fuerte sacudón político sufrió el Gobierno nacional esta semana, cuando el juez federal Claudio Bonadío ordenó un procedimiento en la sede central del PAMI para requerir documentación vinculada a préstamos que el organismo otorgó al Tesoro a través de la compra de Letras.

El procedimiento se realizó a partir de una denuncia que presentó el fiscal federal Carlos Stornelli respecto de si la obra social de los jubilados puede hacer operaciones de ese tipo. Stornelli buscaba detectar ilícitos en la construcción de los Hospitales del Bicentenario (en Rafael Castillo, Esteban Echeverría, Escobar, Ituzaingó, General Rodríguez y Paraná).

Además, se investiga la cooperación con la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) en materia de registro de precursores químicos, y el financiamiento al Estado.

Bonadío ordenó el allanamiento, después de pedir al PAMI, hace varios días, la presentación de esos documentos y le enviaron “otros registros públicos, como tomándole el pelo al juzgado”.

El personal del juzgado se llevó los registros de las letras de Tesorería compradas, los números de las cuentas donde se depositaron y los resúmenes que indican cuánto interés le paga el Gobierno.

¿Se quedará sin fondos?

La legisladora porteña Graciela Ocaña reveló que parte de “la caja” usada por el PAMI y surgida de los préstamos investigados, habría sido usada para ampliar el personal no médico”. En diálogo con Perfil.com, la ex interventora del PAMI (2004-2007) y actual diputada por Confianza Pública, dijo: “el tema es dónde está el dinero que debió haberse utilizado en las prestaciones y se usó para incrementar en un 60% el personal no médico. No se incrementó el plantel de asistentes sociales, ni médicos ni choferes de ambulancias, sino la caja política. Malversaron los recursos”. “El dinero se usó para incrementar el personal político. Hoy el PAMI tiene problemas, se cortan prestaciones, hay hospitales a medio hacer, y se triplicaron los presupuestos. Mi gran temor es que el PAMI se quede sin plata”, dijo.

Ocaña abundó en detalles sobre la causa judicial: “todo comenzó con una investigación del periodista Jorge Lanata (’Periodismo para Todos’) sobre los gastos en el PAMI. Stornelli presentó la denuncia. El PAMI prestó $ 2.300 millones a cambio de Letras del Tesoro. Bonadío investiga estos préstamos, porque se habrían nombrado 6.000 personas con esa plata”. Ocaña denunció, cuando declaró el 9 de septiembre, que el PAMI gasta fondos en funciones no previstas en la Ley 19.032 que regula su actividad como, por ejemplo, la cooperación con el Sedronar con el registro de precursores químicos. (Especial)