¿Qué trámite siguió la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por las denuncias de coimas y otras anomalías en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa)? ¿Se hicieron denuncias penales en todos los casos? ¿Cómo fue que desapareció una nota clave del despacho de Miguel Ángel Molins, director de la repartición, en la que constaban las supuestas irregularidades que habrían cometido ocho inspectores municipales? ¿Por qué fueron trasladados siete de esos agentes a otras reparticiones bajo el argumento de una reestructuración de personal, y no por hechos de corrupción?

Estas fueron algunas de las preguntas que el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila les formuló el lunes a cuatro altos funcionarios municipales, Germán Alfaro (secretario de Gobierno), Walter Berarducci (secretario de Servicios Públicos), Hernán Colombres (Fiscal Municipal) y al director Molins.

Con la intención de dilucidar todas las dudas que pudieran tener los investigadores, desde la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle enviaron el martes y ayer los expedientes administrativos y otras actuaciones, derivadas de las denuncias de particulares -muchas de ellas anónimas- sobre conductas cuestionables de inspectores.

Además, el abogado penalista de la Fiscalía Municipal, Gonzalo Romano Norri, formuló una presentación oficial ante la Fiscalía de Instrucción de la V Nominación para iniciar la demanda penal por el caso de un jefe de inspectores sumariado y suspendido por 60 días, luego de haber sido filmado en un boliche de la capital, presuntamente recibiendo un soborno. Esta maniobra fue reconocida por el propietario del local bailable, quien declaró como testigo -antes de que el letrado del municipio acercara el DVD y la denuncia a la sede penal de Tribunales- en la causa que se inició de oficio en el fuero penal.

El caso estalló tras una publicación del domingo de LA GACETA, en la que se daba cuenta del traslado de siete inspectores y de la suspensión de otro más, de mayor jerarquía interna. La crónica detallaba que, en una nota de Molins dirigida a Alfaro -el director de la Dipsa dijo ante el fiscal Navarro Dávila que ese papel “desapareció” de su despacho-, se narraban casos en los que agentes municipales habrían pedido sobornos al circo Rodas, a un supermercado de barrio Diza, a los administradores de una obra social y a la propietaria de una estación de servicio. Además, Molins vinculó al empleado más cuestionado con propietarios de prostíbulos y con “el mundo de la noche”. También lo calificó como “el mayor coimero”, y señaló a varios de sus subalternos por tener cercanía con el dirigente sindical Osvaldo “Cacho” Acosta, contrario a la gestión del intendente capitalino Domingo Amaya.

Ninguno de estos hechos había llegado a conocimiento de la Justicia Penal hasta esta semana, y este es uno de los asuntos que más intriga a los investigadores.

Por eso, desde el municipio decidieron cristalizar sus intenciones de colaborar con la pesquisa mediante el envío de los expedientes internos y otros documentos.

Hasta ahora, el indicio más sólido sobre un presunto caso de cohecho es el que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un boliche situado en la Capital.

Según la denuncia que acercó el martes a la Fiscalía el letrado Romano Norri, Molins puso en conocimiento a Alfaro el 1 de septiembre sobre esa filmación, que data de octubre del año pasado pero fue acercada por esa fecha al municipio. Con este material, según el texto, se conformó el sumario administrativo, que derivó en la sanción al inspector. Uno de los siguientes pasos de los investigadores sería la citación del agente suspendido.

El lunes, el fiscal también tomó declaración al sindicalista Acosta, quien asegura que las denuncias y los traslados fueron ocasionados por motivos gremiales y políticos.

Según fuentes del Poder Judicial, la causa ya tiene dos cuerpos íntegros, de 200 fojas cada uno, y se está completando el tercero.