El cálculo de la deuda pública siempre es motivo de discordia, aunque el Poder Ejecutivo se cierre en decir que el gobernador José Alperovich entregará el mandato, a fines de octubre de 2015, con pocas obligaciones para la gestión que lo sucederá. Durante los 11 años de gestión, el actual gobierno ha incrementado el endeudamiento llevándolo de los $ 3.068 millones declarados en octubre de 2003 a los $ 4.033 millones, que es el saldo existente al cierre de septiembre pasado, según los datos de la Contaduría General de la Provincia. Mil millones de pesos en poco más de una década no parece mucho. Pero si se la compara con la que estimaron los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas, la cifra es más que llamativa. Los técnicos del organismo de control han corroborado que Tucumán tiene una deuda pública de $ 7.810 millones y 29 centavos al cierre del primer semestre de este año. Y ahí subyace la histórica discordia en las mediciones oficiales. De un lado, la Casa de Gobierno insistirá en que los contadores fiscales toman en cuenta la deuda contingente y/o flotante (en buen romance, los juicios que debe pagar la provincia y otras obligaciones que aún no están firmes); del otro, sostendrán que para calcular lo que se debe hay que tomar en cuenta todos, absolutamente todos los compromisos fiscales de la provincia. En el medio de toda esta discusión están los que pagan, en definitiva, los contribuyentes.

Por eso es fundamental seguir la evolución de la deuda, porque mientras más elevada sea, mayor será la carga tributaria que se aplicará sobre el conjunto porque en el Estado, como en todos los órdenes de la economía, alguien paga; aunque ese “alguien” siempre siga siendo el mismo, el que cumple regularmente con el pago de sus impuestos.

¿Y a quiénes se les debe? ¿Acaso el Gobierno no tuvo la oportunidad de achicar la deuda cuando fueron las épocas de vacas gordas? ¿Por qué no se tomó una serie política de desendeudamiento para que Tucumán sea independiente desde el punto de vista financiero? Vamos por partes:

• Según las cifras oficiales, Alperovich terminará su mandato sin grandes compromisos financieros. La deuda exigible a un año es sólo de $ 415 millones. Ese monto representa un 1,3% del Presupuesto 2015 (se ejecutarán $ 31.000 millones). El grueso de los compromisos lo pagará el próximo gobernador; totalizan $ 3.618 millones los compromisos exigibles después del cambio de gobierno.

• La principal acreedora es la Casa Rosada. Tucumán es un 88% más dependiente de la gestión nacional. Durante la administración Kirchner los compromisos con la Nación crecieron 25 puntos porcentuales (en octubre de 2003, esa deuda equivalía al 63% del total). Así las cosas, esta dependencia financiera marcará el condicionamiento político del próximo gobernador, sea cual fuere el color político que tenga.

• Al Gobierno provincial le resultó mucho más barato dejar que todo siga su curso y que la administración federal se encargue de los procesos de refinanciación. El costo de esta operación era muy barata, al 6% anual. Así, en el razonamiento oficial -y también en los hechos-, la inflación se encargaba de licuar las obligaciones y, en definitiva, era más fácil pagar.

Cuando arrancó la gestión Alperovich, los funcionarios salientes junto con los entrantes hicieron una evaluación de transición sobre el comportamiento de las finanzas públicas. En uno de esos informes se expuso que, con una sana política de administración fiscal, Tucumán se desendeudaría en 2013. Nada de eso ocurrió. Y, como van las cosas, tampoco pasará.

Hay deuda para rato porque los procesos de refinanciaciones permanentes, ahora acotados a procesos trimestrales, se sostendrán en el tiempo. Si bien Tucumán cerrará este ejercicio (aún no está definido si con $ 100 millones o si con $ 300 millones) con superávit total, esa cifra no alcanzará para “comprar” deuda, como pudo haber pasado en 2005 a 2007, cuando la gestión navegaba en millones de pesos. El nuevo gobernador deberá tomar nota que asumirá con una mochila de $ 3.000 millones (que se debe a la Nación) que, más que ser un desafío fiscal, será un compromiso político que el próximo presidente de los argentinos usará para disciplinar al distrito.