El intendente de la capital, Domingo Amaya, deslizó ayer que su alejamiento del alperovichismo no modificará el panorama financiero municipal, en caso de que la Casa de Gobierno decidida cobrar toda la deuda pública ( $ 418 millones) que la Municipalidad mantiene con el Poder Ejecutivo provincial. Sin embargo, el intendente aseguró que sería conveniente que la Provincia le concediera una refinanciación de esa deuda. Según Amaya, la administración que conduce estaría dispuesto a cancelar la totalidad del pasivo en 48 cuotas mensuales.
Ayer, durante un acto celebrado en la sede de Intendencia, Amaya calificó de “previsible” la situación financiera del municipio capitalino, cuando fue consultado por la deuda municipal que mantiene con el PE. “Es una situación previsible. Cuando nosotros nos hicimos cargo en 2003 era un municipio que tenía una deuda comparada a tres presupuestos y medio, y hoy no llegamos al 18% de un solo presupuesto”, sostuvo Amaya durante una rueda de prensa.
Según el intendente, la Municipalidad continúa pagando intereses a raíz de que la deuda es ajustada mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). “Nosotros hemos planteado que el municipio deje de pagar la actualización del CER y también que tengamos una refinanciación de esta deuda de $ 418 millones de pesos. No pedíamos la refinanciación en 200 meses, como generosamente otorgó el gobierno nacional a la Provincia. Nosotros habíamos planteado una refinanciación de 48 meses que es algo muy viable para que el municipio pueda estar tranquilo con su recaudación y poder invertir en los vecinos”, planteó el jefe municipal, al tiempo que se quejó porque, según admitió, en los últimos dos años tuvo que desembolsarle al PE casi $ 300 millones.
“Imaginen ustedes si esos $ 300 millones hubiesen sido volcados al servicio de la comunidad. Lamentablemente fueron destinados a pagar deudas. Porque nosotros no queremos que nos regalen nada. Estamos proponiendo la misma modalidad de pago que alcanzó la Provincia con la Nación”, agregó.
A fines de diciembre, Amaya firmó un DNU mediante el que autorizó al municipio a poner en garantía la recaudación en caso de necesitar financiamiento externo. Sobre esta posibilidad, el intendente expresó: “vamos a ver (si es necesario). Aquí lo importante es que los servicios públicos y los salarios de los trabajadores no se vean afectados por cuestiones políticas. No es que el municipio está ahogado y debe una cifra de $ 4.000 millones. No, nada que ver. Es una cifra muy viable. Hoy como intendente, y no lo digo con soberbia, me siento orgulloso de gobernar uno de los municipios mejor equipados del país”, concluyó.