El fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Alejandro Noguera, fue acusado el jueves ante el Ministerio Público Fiscal de haber favorecido a Rubén “La Chancha” Ale en una causa por usurpación de una finca ubicada en la localidad de Los Pereyra, en Cruz Alta que fue iniciada en 2011 por el fiscal de Instrucción Penal de la X° Nominación de la Provincia, Guillermo Herrera.

La denuncia contra Noguera fue presentada de manera conjunta por la Justicia Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF) y comenzó a gestarse cuando hallaron entre las pruebas secuestradas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante los allanamientos realizados en octubre del año pasado en más de 40 propiedades vinculadas con el “Clan Ale” una carta que, según consideraron, habría sido escrita por el fiscal.

Esa misiva, de acuerdo con esta denuncia, habría sido enviada a “La Chancha” Ale luego de que rechazaran un pedido de cese de prisión preventiva que había sido presentado por la defensa del imputado. Esta apelación había recibido el visto bueno del fiscal que en su dictamen remarcó que Rubén Ale no iba a eludir el accionar de la Justicia. Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el tribunal de la Cámara de Apelaciones integrado por los vocales Elva Graciela Jiménez, Liliana Susana Vitar y Eudoro Ramón Albo.

Pero en la denuncia contra Noguera, la Justicia Federal y la UIF no sólo consideran que el fiscal de Cámara favoreció a Rubén Ale cuando se solicitó su exención de prisión. Sino que también lo hizo cuando intervino en el sobreseimiento que recibió, a mediados del año pasado, en la causa que estaba siendo investigaba por el fiscal Guillermo Herrera. En esa pesquisa Ale estaba imputado junto con el ex dirigente del Club Atlético Tucumán, Daniel Felipe Jorrat, por los delitos de usurpación de propiedad, hurto agravado, robo agravado y desobediencia judicial en una finca ubicada en Los Pereyra que estaba siendo arrendada y explotada comercialmente por la empresa Servicios y Negocios S.A.

Supuesta poca iniciativa

El sobreseimiento de Rubén Ale y Daniel Jorrat llegó luego de que ambos imputados accedieron el año pasado a resarcir a la empresa Servicios y Negocios y a Gustavo Sergio Carrasco, propietario de la finca, por haber usurpado la propiedad y haberse apoderado de 150 hectáreas de soja. En ese acuerdo los acusados acordaron pagar $ 300.000 a las víctimas para que depongan de continuar sosteniendo la denuncia que formularon en 2011.

El pedido de sobreseimiento había sido formulado en primera instancia por el fiscal Herrera quien consideró que no se habían podido colectar las pruebas suficientes para sostener la acusación y elevó su resolución al Juzgado de Instrucción de la IV° Nominación, a cargo de Víctor Manuel Pérez. Pero el magistrado rechazó ese pedido. Por esto, el pedido de sobreseimiento llegó al fiscal Noguera que dio el visto bueno para que Ale y Jorrat sean sobreseidos de los delitos que se les imputaban.

Pero para la UIF y la Justicia Federal el fiscal debería haber agotado todas las instancias posibles antes de cerrar la causa. “Este era un delito de acción pública en el que la investigación no puede considerarse agotada porque las partes hayan llegado a un acuerdo como ocurrió en este caso. Ese tipo de acuerdos quedan circunscriptos para los delitos de acción privada, como puede ser el caso de una pelea entre cónyuges o en el caso de una violación. Pero en este caso, por ley, el fiscal estaba obligada llegar a un conclusión de cómo ocurrieron los delitos que se denunciaron”, consideró una fuente de la denuncia consultada por LA GACETA.

La definición de cómo continuará la investigación de esta denuncia, deberá ser tomada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez que regresará el lunes a su despacho.