“Demuestra la actitud extorsiva que tienen no sólo con un intendente. La extorsión es a 600.000 vecinos que, no se olviden, no los votaron. Y eso pesa en las decisiones políticas. Es un electorado reacio al actual gobernador Juan Manzur y al saliente, José Alperovich. Por eso el tratamiento así a los vecinos”. El secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, respondió con dureza al reclamo de la Provincia por una deuda millonaria de la ciudad con el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst).

El funcionario alfarista repudió que el Ejecutivo provincial no haya cumplido la tregua en la que se encontraban -habían firmado un acuerdo- desde enero y que incluyó la suspensión de los reclamos económicos entre las partes. Anunció que el municipio retomará las acciones judiciales por diversas deudas que venía enrostrando a la Casa de Gobierno desde la gestión anterior.

En la edición de ayer de LA GACETA, se publicó el reclamo que por nota el interventor del organismo, Fernando Avellaneda, planteó al intendente Germán Alfaro por $ 33,4 millones en concepto de aportes y contribuciones al Subsidio de Salud. El período en mora, detalla el documento, corresponde al lapso entre junio y noviembre del año pasado. El episodio se suma a los reclamos cruzados por dinero que la Provincia y el Municipio vienen haciéndose desde el año pasado.

“¿Quién gobierna?”
Berarducci se mostró molesto y aseguró que el municipio considera que hubo un incumplimiento del pacto firmado. Aseguró que, para la administración alfarista, ya no hay interlocutores válidos con la Provincia. “No tenemos. ¿Con quién hablo? Si (Eduardo) Garvich firma una cosa y un funcionario de cuarto nivel hace otra (por Avellaneda)”, lamentó.

Trascartón, redobló las críticas y apuntó contra Manzur. “Estamos ante un Gobierno sin conducción política. Aparentemente ni el gobernador ni el ministro de Economía definen nada. No sabemos si el gobernador sigue siendo José Alperovich o si es Manzur. Porque funcionarios de Manzur firman una cosa y los que responden a Alperovich, de cuarto nivel, otra”, insistió.

Afirmó que la “teórica deuda” que menciona Avellaneda se produjo “precisamente durante los meses en los que el anterior gobernador unilateralmente retuvo $ 40 millones. ¿Por qué no hay deuda desde noviembre u octubre en adelante? Porque cesó la extorsión del Gobierno”.

Añadió que, como las vías institucionales se extinguieron, sólo les queda recurrir a la Justicia por las diferentes deudas que reclaman a la Provincia. “Tenemos que interpretar que no quieren conciliar, dialogar ni que las instituciones se interrelacionen, como debería ser”, lanzó.

Recordó que habían quedado en suspenso tres grandes reclamos. El primero, por la presunta falta de pago de distintos períodos del Fondo de Financiamiento Educativo. La suma ascendería a $263 millones. El segundo, es a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) -empresa con participación de la Provincia- por obras inconclusas y roturas de calles, que llegaría a los $ 7 millones. El tercero, según Berarducci, está siendo elaborado por el área de Hacienda y se trata de una demanda por la aplicación indebida del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a pagos de la deuda de la Municipalidad. “El CER se aplicaba mal. Al único municipio al que Alperovich se lo cobraba era a San Miguel de Tucumán, cuando la Provincia y la Nación obtuvieron financiamiento de hasta 20 años”, explicó.

Expresó que el diálogo que no tienen con la Provincia, sí lo mantienen con la Nación. “Queremos ejercer nuestra autonomía plenamente. Tenemos buen diálogo porque hay un Presidente que actúa como tal. No como aquí que hay un gobernador que no actúa como gobernador”, concluyó.

Quién le debe a quién
El secretario de Hacienda, Cristian Abel, afirmó que la deuda con el Subsidio de Salud debe ser analizada en el contexto de una negociación que incluye el reclamo por créditos millonarios, supuestamente, a favor del Municipio.

“El reclamo obedece a razones políticas, porque buscan poner trabas y ahogar, cuando no se sabe quién le debe a quién”, aseveró. Reiteró que la deuda se originó por el ahogo financiero al que fue sometido el municipio. “Venimos pagando todos los meses al Subsidio de Salud a partir de diciembre de 2015, que es cuando comenzó la gestión”, puntualizó. Afirmó que el reclamo debe ser estudiado porque “hay créditos a favor del municipio, como el del fondo educativo. Por eso, habrá que compensar y ver quién le debe a quién”, reiteró.

En relación a la deuda de $ 500 millones que la Provincia endilga a la Ciudad, aclaró que los números no concuerdan con los que manejan en 9 de Julio y Lavalle. “Habrá que sentarse y ver minuciosamente cuál es la composición de la deuda, porque según nuestros registros los números no coinciden”, afirmó.

Al ser consultado sobre la deuda con el Subsidio, el actual secretario de Vivienda de la Nación y ex intendente, Domingo Amaya, aseguró que al finalizar su gestión “no quedaron deudas”. “Cuando firmamos el último acuerdo (con el Ejecutivo) les pagamos todo durante 2015, que era una cifra de entre $ 400 y $ 450 millones que le sacó el Banco al municipio directamente para cederlo a la Provincia, correspondientes a financiamientos que la Nación le otorgó a la Provincia pero que ésta no volcó a la capital ni a otros municipios”, concluyó.