El debate por la reforma de la Ley Azucarera provincial ha atraviesa su última etapa y las posturas marcan hasta aquí la necesidad de aplicar medidas que tonifiquen el valor interno del azúcar, que oscila entre los niveles de los últimos cuatro, cinco años: alrededor de $ 200.

Tras varias conversaciones, tanto en la Casa de Gobierno como en la Legislatura, donde se tratará el jueves próximo el proyecto de modificación de la norma, la alternativa que tuvo mayor adhesión fue reformular el articulo 11 de la Ley 8.573, que permite sustituir la exportación de físico por producción de alcohol por parte de los ingenios. Según se informó, la reforma oficial tendría esa dirección.

Este ha sido el punto que generó mayor discrepancia entre los ingenios y cañeros en los últimos tiempos. El Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) y la mayoría de las organizaciones gremiales de productores cañeros requirieron que la producción de bioetanol no sea considerada en los cálculos de los cupos de exportación, sino como producto del mercado interno. Ello llevaría a que todos los actores, tanto industrias como agricultores, estén obligados a cubrir las exportaciones con azúcar físico y no alcohol de caña. En promedio, se destina el 70% de la producción tucumana al consumo interno, el resto corresponde al comercio exterior.

Así como hubo manifestaciones favor, otro sector industrial expuso su rechazo a que el bioetanol deje de ser excedente dentro del régimen actual, aunque esta posición no fue expuesta públicamente.

“La bolsa tendría que tener un precio mínimo de $ 300, para que sea retributiva para todos”, afirmó ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández.

El funcionario se reunió ayer, junto con representantes del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), con el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Se trató de la última reunión de la semana de una serie de encuentros para discutir sobre los cambios del régimen azucarero. Antes habían participado entidades cañeras e integrantes del CART.

“El eje de la reunión fue la preocupación genuina de la Legislatura respecto de establecer las condiciones para que la próxima zafra se desarrolle en paz y que los beneficios derivados de la situación, no sólo con relación al aumento del corte de alcohol, sino también a la mejora de los precios de los mercados de exportación, lleguen a todos los cañeros, fundamentalmente, a los pequeños productores”, expresó Fernández.