Los tucumanos que quieran blanquear bienes o capitales podrán hacer su manifestación, a través de la Ley de Sinceramiento Fiscal, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2017, sin que ello implique un sobrecosto impositivo o alguna penalidad en el orden provincial. El gobernador Juan Manzur firmó ayer el proyecto de ley mediante el cual Tucumán adherirá al régimen impulsado por el Gobierno nacional para el blanqueo de fondos. Así, se inscribirá entre los cuatro distritos que ya manifestaron su voluntad de acompañar el programa federal. Los otros son Córdoba, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

“Estimamos que, con esta medida, facilitaremos el régimen de exteriorización y, por ende, las inversiones en la provincia para generar más puestos de trabajo”, indicó Manzur a LA GACETA. Con esta adhesión que, en principio, sería tratada por la Legislatura en la próxima sesión, se eliminaría un obstáculo para el blanqueo, puntualizó el ministro de Economía, Eduardo Garvich.

De hecho, la ley nacional 27.260, en su artículo 49, invita a las provincias y a los municipios a adherir “al régimen de declaración voluntaria y excepcional, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”. Según el titular de Economía, el efecto fiscal de la medida no será importante.

La adhesión implicará la eximición de todos los impuestos omitidos, particularmente Ingresos Brutos (por el movimiento de fondos en cuentas bancarias que pueda implicar el blanqueo) y Sellos (a raíz de las operaciones que dieron origen a los bienes exteriorizados).

Según el tributarista Agustín Zeppa, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, la adhesión al Sinceramiento Fiscal es de suma necesidad. A su criterio, el mismo camino deberían seguir los municipios “con el fin de fomentar o apoyar el desafío de la Nación en cuanto a generar el mayor ingreso de dinero y bienes al blanqueo”. Zeppa subraya que así se cumpliría el espíritu del régimen, con la aprobación “de las medidas tendientes a liberar tanto impuestos como tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar a sus respectivas jurisdicciones, tal como lo están proponiendo otras provincias”.

El consultor, además, sugirió a la Provincia “acompañar la moratoria nacional a fin de que quienes ingresen a la nacional tenga la posibilidad con idénticas quitas y condonaciones de regularizar la situación o diferencia generada en los impuestos provinciales y/o municipales”. Al respecto, el ministro Garvich señaló que el régimen de facilidades de pago de impuestos provinciales se cerró el 22 de agosto pasado y que no se ha previsto otra prórroga. La moratoria provincial, de acuerdo con los cálculos del Palacio de Hacienda, habría dejado a la provincia un flujo de fondos de entre $ 800 millones y $ 900 millones que serían volcados, mensualmente, en los próximos 12 a 15 meses con la regularización en el pago por parte de los morosos.

Sin sanciones

La iniciativa provincial no solamente implicará la eximición del sobrecosto impositivo, sino también de las penalidades. De hecho, Garvich especificó que el proyecto también contempla una suerte de perdón en las multas y en otras sanciones por las omisiones que pudieron haber incurrido los que se sumen al blanqueo a las obligaciones contempladas en el Código Tributario provincial. Asimismo, libera a esos contribuyentes de las sanciones previstas en la Ley Penal Tributaria.

Si bien no habrá un cobro retroactivo de impuestos para los que se sumen al Sinceramiento Fiscal, las manifestaciones de bienes o de capitales hacia el futuro sí serán gravadas por la provincia, al tratarse de una disposición excepcional que facilita el blanqueo de capitales, aclaran desde el Poder Ejecutivo.

“Esperemos que las distintas jurisdicciones comiencen a adherir en el corto plazo para que no se generen costos adicionales de tributos provinciales”, había afirmado, días pasados, a la agencia estatal Télam el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, tras disertar en un seminario organizado por la Cámara Argentina de Comercio.

La adhesión de las distintas jurisdicciones nacionales es de vital importancia para eliminar del blanqueo de capitales los eventuales costos adicionales derivados de cada uno de los tributos jurisdiccionales, tales los casos de Ingresos Brutos e Impuestos de Sellos, entre otros.