La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Tucumán resolvió hoy suspender el juicio oral de la denominada "Megacausa" en la que se juzga a dos ex jueces federales y 12 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la última dictadura militar.
Voceros judiciales informaron esta noche a Télam que el máximo tribunal hizo lugar al recurso de casación con efecto suspensivo, tras la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que a principio de esta semana había resuelto proseguir con las audiencias de la "Megacausa 3" por interpretar que "hasta tanto no seamos apartados, debemos seguir con el desarrollo del juicio".
El TOF que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 víctimas y por los que hay 14 imputados, se encuentra integrado por los jueces federales Ramos Padilla (procedente de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires), José María Pérez Villalobos (Córdoba) y Alicia Noli (Tucumán).
Los planteos que derivaron en la suspensión del juicio oral, surgieron cuando los abogados defensores de los imputados pusieron en duda la imparcialidad de Noli debido a que fue querellante en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" y a que su esposo, Enrique Sánchez, fue secuestrado y desaparecido en 1976 y sus restos fueron identificados entre las víctimas sepultadas en el enterramiento clandestino de Pozo de Vargas, en Tucumán.
Los letrados interpretaron que la decisión de la Sala IV de Casación de hacer lugar a las quejas de las defensas "deberían provocar automáticamente la suspensión de las audiencias de debate a los fines de no incumplir el compromiso del Estado nacional en el juzgamiento de estas causas con imparcialidad e independencia?. 
En la última audiencia, realizada el martes pasado, el TOF había decidido pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 19, para realizar inspecciones oculares en el ex edificio del Juzgado Federal de Santiago del Estero y en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones", utilizado como centro clandestino de detención, en la que ex presos políticos denunciaron apremios ilegales y simulacros de fusilamiento.

SANTIAGO DEL ESTERO.- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Tucumán resolvió hoy suspender el juicio oral de la denominada "Megacausa" en la que se juzga a dos ex jueces federales y 12 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la última dictadura militar.

Voceros judiciales informaron esta noche a Télam que el máximo tribunal hizo lugar al recurso de casación con efecto suspensivo, tras la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que a principio de esta semana había resuelto proseguir con las audiencias de la "Megacausa 3" por interpretar que "hasta tanto no seamos apartados, debemos seguir con el desarrollo del juicio".

El TOF que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 víctimas y por los que hay 14 imputados, se encuentra integrado por los jueces federales Ramos Padilla (procedente de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires), José María Pérez Villalobos (Córdoba) y la tucumana Alicia Noli.

Los planteos que derivaron en la suspensión del juicio oral, surgieron cuando los abogados defensores de los imputados pusieron en duda la imparcialidad de Noli debido a que fue querellante en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" y a que su esposo, Enrique Sánchez, fue secuestrado y desaparecido en 1976 y sus restos fueron identificados entre las víctimas sepultadas en el enterramiento clandestino de Pozo de Vargas, en Tucumán.

Los letrados interpretaron que la decisión de la Sala IV de Casación de hacer lugar a las quejas de las defensas "deberían provocar automáticamente la suspensión de las audiencias de debate a los fines de no incumplir el compromiso del Estado nacional en el juzgamiento de estas causas con imparcialidad e independencia". 

En la última audiencia, realizada el martes pasado, el TOF había decidido pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 19, para realizar inspecciones oculares en el ex edificio del Juzgado Federal de Santiago del Estero y en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones", utilizado como centro clandestino de detención, en la que ex presos políticos denunciaron apremios ilegales y simulacros de fusilamiento.