10 Septiembre 2016
“No sólo debe hacerse justicia, sino parecerlo. Un tribunal que juzgue delitos denominados de lesa humanidad integrado en pleno por ex militantes del ERP que fueron, además, querellantes en causas de lesa humanidad no resiste el menor filtro de seriedad”, renegó el defensor Facundo Maggio. El abogado que representa por estos días al imputado Camilo Orce en la megacausa “Operativo Independencia”, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal local, actúa en paralelo en otro proceso por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en Santiago del Estero: la “Megacausa III”.
Maggio participa en ese juicio-comenzó el 22 de agosto- en defensa del acusado José Cayetano Fiorini, un ex militar de 86 años, que también está involucrado en causas de Tucumán. El abogado requirió que el juicio sea anulado porque presume que los jueces no serán imparciales. Por esta razón, desde que asumió la defensa de Fiorini (en 2014) presentó en reiteradas oportunidades recusaciones y denuncias.
Al Tribunal santiagueño lo integran Alicia Noli (Tucumán), José María Pérez Villalobo (Córdoba) y Juan Ramos Padilla (Capital Federal). “El estado de derecho se verá conmovido una vez más por esta aberración inconstitucional. Llamaría a la reflexión a los jueces para que intenten entrar en razón y desistan de permanecer en su actitud y preservar el estado de derecho respetando su deber constitucional sobre la garantía mínima de imparcialidad e independencia”, instó Maggio.
En las recusaciones planteadas (suman tres) contra la jueza Noli, el defensor argumentó que la falta de imparcialidad se debería a que la magistrada es querellante en la megacausa “Arsenales II- Jefastura II”, cuya sentencia no está firme. Enrique Sánchez, esposo de la jueza, es una de las víctimas. El estudiante universitario fue secuestrado en 1976 y estuvo desaparecido hasta que sus restos fueron identificados recientemente en el Pozo de Vargas.
Los pares de Noli consideraron que su participación como querellante no era motivo suficiente como para que fuera apartada.
Maggio, aclaró en los escritos que no cuestiona la honorabilidad ni el buen nombre de Noli, pero sostuvo que ella pudo acceder a testimonios de lo ocurrido en Santiago del Estero y que “evidenció en su declaración una postura de enemistad con el Ejército”. También que formó parte de la Comisión Bicameral y que aparecería mencionada en una documentación aportada por Luis Eduardo Duhalde como supuesta miembro del ERP. Citó que la familia de Fiorini denunció en junio a Noli en la justicia y ante el Consejo Asesor de la Magistratura por un intento de traslado a una cárcel común.
En la última recusación, Maggio fue contra los otros dos jueces, también por temor de parcialidad. Consignó que Pérez Villalobo habría pertenecido al ERP y que Ramos Padilla fue querellante de organismos. Consideró que la vida de su defendido corre peligro porque está ciego, le extirparon un riñón y está a la espera de una operación cardíaca.
Maggio participa en ese juicio-comenzó el 22 de agosto- en defensa del acusado José Cayetano Fiorini, un ex militar de 86 años, que también está involucrado en causas de Tucumán. El abogado requirió que el juicio sea anulado porque presume que los jueces no serán imparciales. Por esta razón, desde que asumió la defensa de Fiorini (en 2014) presentó en reiteradas oportunidades recusaciones y denuncias.
Al Tribunal santiagueño lo integran Alicia Noli (Tucumán), José María Pérez Villalobo (Córdoba) y Juan Ramos Padilla (Capital Federal). “El estado de derecho se verá conmovido una vez más por esta aberración inconstitucional. Llamaría a la reflexión a los jueces para que intenten entrar en razón y desistan de permanecer en su actitud y preservar el estado de derecho respetando su deber constitucional sobre la garantía mínima de imparcialidad e independencia”, instó Maggio.
En las recusaciones planteadas (suman tres) contra la jueza Noli, el defensor argumentó que la falta de imparcialidad se debería a que la magistrada es querellante en la megacausa “Arsenales II- Jefastura II”, cuya sentencia no está firme. Enrique Sánchez, esposo de la jueza, es una de las víctimas. El estudiante universitario fue secuestrado en 1976 y estuvo desaparecido hasta que sus restos fueron identificados recientemente en el Pozo de Vargas.
Los pares de Noli consideraron que su participación como querellante no era motivo suficiente como para que fuera apartada.
Maggio, aclaró en los escritos que no cuestiona la honorabilidad ni el buen nombre de Noli, pero sostuvo que ella pudo acceder a testimonios de lo ocurrido en Santiago del Estero y que “evidenció en su declaración una postura de enemistad con el Ejército”. También que formó parte de la Comisión Bicameral y que aparecería mencionada en una documentación aportada por Luis Eduardo Duhalde como supuesta miembro del ERP. Citó que la familia de Fiorini denunció en junio a Noli en la justicia y ante el Consejo Asesor de la Magistratura por un intento de traslado a una cárcel común.
En la última recusación, Maggio fue contra los otros dos jueces, también por temor de parcialidad. Consignó que Pérez Villalobo habría pertenecido al ERP y que Ramos Padilla fue querellante de organismos. Consideró que la vida de su defendido corre peligro porque está ciego, le extirparon un riñón y está a la espera de una operación cardíaca.
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