La emergencia está instalada en la provincia. Lo señalan las normas aprobadas sobre todo a partir de la segunda mitad del año. Ese lapso estuvo marcada por la muerte del padre Juan Viroche, que no se puede atribuir a la inseguridad (su cuerpo fue hallado colgado de una soga en su parroquia el 6 de octubre) pero que desató un fuerte debate en la sociedad sobre los riesgos del ciudadano y la falta de respuesta de las autoridades. Dos mundos chocaron ahí: por un lado, la gente atormentada por el delito callejero; el temor a los asaltos y la influencia no cuantificada de la droga en la comisión de delitos; por otra parte, las estructuras político administrativas que, como feudos, mantienen intacto su poder más allá de los problemas de la gente.

Tucumán había sido sacudida por hechos alarmantes, como la muerte del policía Juan José Vides, cuando perseguía a asaltantes en avenida Adolfo de la Vega; o el terror vivido por la señora Alicia Villagrán de Miranda en enero, a quien un falso interesado en alquilar un departamento asaltó y le cortó un dedo de la mano izquierda en San Juan al 600. Fue un año de agresiones tremendas, a tal punto que en junio el fiscal Diego López Ávila advirtió: “el nivel de violencia es alarmante”. Tanto, que se naturalizó la reacción vecinal de aplicar “justicia por mano propia”: no sólo se estableció que al menos la mitad de los delincuentes detenidos recibieron fuertes golpizas, sino que hasta hubo confusiones dramáticas, como la de un señor hipoacúsico que fue apaleado en julio en calle Buenos Aires al 200 por gente que lo confundió con un arrebatador. Todo esto, sin contar los episodios de violencia (y homicidios) que sacuden de manera casi estructural barrios como “La Bombilla”, La Costanera o Villa 9 de Julio, que se han convertido en zonas rojas por las que hasta para los propios vecinos es difícil circular.

Después del deceso del padre Juan hubo hechos conmocionantes como la tragedia del jugador de voley Andrés Castro, asesinado por motoarrebatadores en el barrio Modelo en noviembre.

Una situación aparte fue la de la violencia de género, que sacudió al país y que en Tucumán tuvo varias aristas conmocionantes, como la de Claudia Lizárraga, asesinada por su ex marido el 18 de octubre en Barrio Jardín (un día antes de la manifestación “Ni una menos”), y como la de la joven que dormía con su hijo en hospitales por temor a las agresiones de su esposo. En la sesión legislativa del 14 de diciembre se sancionó la emergencia en violencia de género, a partir de la cual se debatirá la problemática.

Fue la última ley de emergencia en seguridad. Para 2017 se espera que comiencen a funcionar los foros municipales y vecinales, ley sancionada en marzo, promulgada en octubre y aún sin novedad. Como esta, se sancionó la ley de emergencia en seguridad en septiembre, modificada para abarcar adicciones y la lucha antinarco y para crear una comisión de debate. Esa comisión, integrada por miembros de los tres poderes y de la Justicia Federal -aunque le faltan representantes universitarios y de la sociedad civil- se reunió tres veces y todavía está en la etapa de diagnóstico. Ese diagnóstico fue aportado por miembros del Ejecutivo, para los cuales en seguridad todo está bien: en su opinión, sólo faltarían más policías, más equipos y más armamento. Hasta ahora no analizaron por qué en los últimos 10 años, con toda la inversión en tecnología, en armas y vehículos y el aumento de policías, no disminuyeron ni el delito ni la violencia, traducidos en 80.000 causas penales anuales.