Dicen que estar en el mismo lugar en el que se estaba 12 meses atrás supone una pérdida: sólo avanzar acarrea una ganancia o, al menos, la posibilidad de ganar. Si ello es así, entonces 2016 fue un año perdido para la reforma política. Es cierto que continuó el debate iniciado en 2015, pero también es verdad que, a la hora de los hechos, un sector del peronismo identificado con los gobernadores más reacios a modificar las prácticas electorales cuestionadas rechazó el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados. Esa resistencia no sólo condenó la posibilidad de plasmar las modificaciones en el turno de las elecciones nacionales de 2017: también puso en duda los alcances de la reforma que Tucumán se debe a sí misma, luego de los comicios funestos de hace un año y medio.
El debate compulsivo
En la órbita nacional, el fracaso tiene una fecha concreta: 24 de noviembre. Ese día, los senadores opositores kirchneristas y ex kirchneristas -suman 41 escaños sobre un total de 72- difirieron en forma indefinida el tratamiento del proyecto con media sanción en Diputados. ¿Cuál fue el argumento esgrimido para impedir la reforma electoral? La “alta vulnerabilidad” de la boleta única electrónica, herramienta aplicada en los comicios de Salta y de la Ciudad de Buenos Aires. A la cabeza de la rebelión se pusieron los gobernadores Carlos Verna (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), secundados por el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja. El mandatario tucumano Juan Manzur quedó identificado con ese sector al faltar a la reunión convocada por el presidente Mauricio Macri en los días previos al rechazo del Senado. Los senadores tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin adhirieron a la posición de Verna, Insfrán y Gioja.
Además de la boleta eletrónica, el proyecto enviado al ostracismo introducía la paridad de género: la Cámara Baja lo aprobó con 152 votos a favor, 75 en contra y 3 abstenciones.
Como contrapartida a ese chasco para la pretensión de incrementar los controles institucionales y la transparencia del sistema electoral, el Gobierno de Cambiemos logró imponer la iniciativa que establece la obligatoriedad del debate entre los candidatos a la presidencia de la Nación que hayan superado las primarias.
Sin apuro hasta octubre
Con la legitimidad minada por los vicios de los acoples o colectoras, Manzur se comprometió a liderar la reforma política durante su primer discurso como gobernador de Tucumán. De esos ímpetu y urgencia nació la convocatoria a presentar ideas denominada “Tucumán Dialoga”. La compilación de las propuestas consta en un cuadernillo entregado en marzo a la Legislatura. A partir de entonces, la iniciativa ingresó en una pausa: su lugar en la agenda pública fue ocupado por la conmemoración del Bicentenario, aniversario que el Gobierno de Manzur acometió con el espíritu de unidad cristalizado en el lema “Juntarnos”.
La reforma política resurgió en noviembre, con la conformación de la comisión especial legislativa que ha de elaborar un anteproyecto de enmienda. ¿Qué hacer con los acoples? ¿Cómo controlar la proliferación indiscriminada de partidos? ¿Cómo fortalecer el órgano de fiscalización de los comicios? ¿Cómo incrementar los niveles de representatividad? ¿Y cómo aplicar el voto electrónico incorporado a la Constitución en 2006? El vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien preside el comité ad hoc, ya anticipó que no tiene apuro en contestar estas preguntas. Y los vaticinios sugieren que, en todo caso, los cambios provinciales “se ajustarán” en función de las elecciones nacionales de octubre de 2017.