BUENOS AIRES.- La oficina argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) admitió la necesidad de rediscutir el Régimen Penal de Menores (Ley 22.278), pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad al considerar que se daría “un paso atrás” en lo que se refiere a la protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales. “La normativa vigente es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura, de corte tutorial, que es necesario modificar”, dijo ayer María Angeles Misuraca, oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef.
La funcionaria de este organismo internacional que vela por los derechos de los niños y adolescentes dejó en claro que la posición de Unicef es no bajar la edad de imputabilidad de los menores: “eso es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, en cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad”. Y añadió: “no suma y sólo conduciría a llenar los institutos de menores”.
Misuraca consideró, incluso, que cuando se establecen penas para los jóvenes puede prevalecer en los jueces la creatividad necesaria para que dicten fallos que contengan soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad. “Hay buenos jueces, que son creativos, y buenos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó. Según Misuraca, el eje de la Justicia penal infantil debe ser la prevención y que esta tiene que estar alejada de la ley penal. La representante de Unicef comentó que esa perspectiva se ajusta a la Convención Internacional de los Derechos el Niño que, además, en Argentina, como en tantos otros países, tiene alcance constitucional. En ese plano, Misuraca precisó que la privación de la libertad debe ser la excepción y que lo que se necesita es fortalecer las políticas públicas: “los derechos de estos jóvenes se han vulnerado previamente al no gozar de un sistema de protección previo a la comisión de un delito”.
Delitos menores
Unicef trabaja con el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, y con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La oficina de la ONU anticipó que mantendrá la cooperación con el fin de llegar a un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que tenga en cuenta las convenciones internacionales y pueda alcanzar estado parlamentario en el 2018. La agencia sostiene, según un estudio propio, que la mayoría de los chicos privados de la libertad en Argentina cometieron delitos menores contra la propiedad (robos y hurtos) y no delitos graves, como violaciones y homicidios. (Télam)