Tres años, dos meses, 21 días. El ex juez federal Manlio Torcuato Martínez contó los días de su arresto domiciliario como un preso en una celda. En 2015 había sido condenado a 16 años por supuestos delitos cometidos durante la dictadura, pero ayer quedó el libertad por decisión de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana María Figueroa (presidente), Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky (vocales).

“Siento que me han quitado un pedazo de mi vida. Siempre pensé que fue arbitrario y que fui linchado por el Tribunal. Esto tenía la apariencia de un proceso pero no lo fue”, expresó el ex magistrado durante una entrevista con LA GACETA en su domicilio, lugar donde estuvo cumpliendo la condena estos años por una enfermedad coronaria.

Sobre la mesa ratona de su living tiene recortes de diarios, carpetas y fotocopias con la parte resolutiva del fallo, pero sobre todo tiene muchas ganas de hablar. Está convencido de que su causa fue una excusa para abonar la teoría de la colaboración civil durante la dictadura; de que la procuradora Alejandra Gils Carbó fue el alma mater de todo -y piensa pedirle juicio político- y que los fiscales Pablo Camuña y Carlos Brito, cada uno a su modo, fueron funcionales.

En 2015, los fiscales federales Diego Velasco, Agustín Chit y Camuña habían solicitado al TOF, integrado entonces por Hugo Cataldi (presidente), José Asís y Mario Garzón, una condena de 25 años en contra de Martínez.

Finalmente, el tribunal dictó una pena de 16 años. Según la acusación, las “acciones y omisiones” del ex magistrado habían legitimado las ejecuciones de cinco personas y “asegurado” la impunidad de los supuestos homicidas.

Se lo acusaba por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa de calle Larrea.

“El doctor Chit le otorgó especial atención al fallo por ser el primer civil condenado. Esto abría las puertas a la investigación de la colaboración cívica durante la dictadura”, añadió Martínez, quien fue el primer juez en ocupar el banquillo de los acusados y recibir una condena en el marco de los juicios por Lesa Humanidad en Tucumán.

Según Martínez, “las pruebas eran tan frágiles que no calificaban como delito de lesa humanidad, entonces había que buscar una nueva forma para sostener una acusación tan grave”. La asociación ilícita sirvió, según el ex magistrado, para esto y luego dentro del juicio oral “se crearon condiciones para avalar esa asociación ilícita”.

“Para mí la gravedad del este Tribunal es que cambió los términos de mi declaración y esos cambios que le introdujeron a la sentencia fundaron la condena. Expresamente lo vinculado a los centros clandestinos de detención. Yo dije que nunca asistí a un centro clandestino de detención hasta el día de hoy no conozco la famosa escuelita de Famaillá”, manifestó.

La causa va a continuar porque los camaristas anularon lo vinculado a la asociación ilícita y pidieron que se dicte una nueva resolución, teniendo como parámetro las observaciones realizadas.