BUENOS AIRES.- El juicio oral y público por supuesta corrupción en la adquisición de la imprenta Ciccone Calcográfica, en 2010, que tiene al ex vicepresidente Amado Boudou en el banquillo de los acusados, comenzó ayer en los tribunales de Comodoro Py con apenas una hora de audiencia, ya que pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo, a las 10, tras una serie de planteos, entre ellos uno de nulidad del debate.
El ex funcionario kirchnerista compareció con rostro serio, actitud reconcentrada y casi en soledad: únicamente cuatro personas se ubicaron en la platea del público, entre ellas el abogado Marcelo Parrilli y el ex presidente de la agencia de noticias Télam, Martín García.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) encabezó la audiencia, escuchó la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral que hizo el fiscal federal Jorge Di Lello. Los jueces resolvieron suspender la audiencia al hacer lugar a las solicitudes de postergación de las defensas del ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner y de Alejandro Vandenbroele, para interiorizarse del expediente.
A su turno, en el planteo de cuestiones preliminares Eduardo Durañona, abogado defensor de Boudou, solicitó la nulidad de la apertura de este juicio porque, a su criterio, este expediente debe fusionarse con la causa que investiga a funcionarios de la AFIP -cuando estaba encabezada por Ricardo Echegaray- por la deuda de Ciccone.
Boudou, que era ministro de Economía cuando se concretó la operación cuestionada, se sentó en el mismo banquillo en que estuvo su amigo y socio José María Núñez Carmona, mientras que en la fila de atrás se ubicó Vandenbroele, sindicado como testaferro y titular de The Old Fund SA. Los tres comparecieron por “cohecho” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, junto al antiguo dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, Resnick Brenner y el ex funcionario de Economía, Guido Forcieri.
Según la hipótesis de la causa, cuando la empresa Ciccone estaba en la quiebra, The Old Fund apareció para ofrecerse a levantarla y quedarse con el 70% del paquete accionario mientras conseguía un beneficioso plan de pagos con la AFIP y encaraba la impresión de billetes de moneda nacional.
En su acusación, el fiscal Di Lello sostuvo que Boudou “desplegó su influencia” para facilitar las maniobras de “adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica” y su posterior “habilitación para contratar con el Estado”, con la colaboración” del resto de los acusados. (DyN)