Un galpón de la calle Luis Dode al 200, en la Banda del Río Salí, fue clausurado el viernes al mediodía luego de que en una inspección se encontraran cerca de 1.500 litros de orina almacenados en bidones. Al parecer, se iban a vender a laboratorios de Buenos Aires para desarrollar tratamientos contra la infertilidad.

Según informó el inspector de la Secretaría de trabajo, Gustavo Arrieta, se decidió realizar la inspección luego de que los vecinos denunciaran el mal olor de la zona.

“El lugar funcionaba en condiciones insalubres. Si bien lo que estaban haciendo es un negocio legal, realizado por laboratorios y con fines medicinales, el problema eran las condiciones en las que se estaban realizando y los métodos usados”, afirmó Arrieta a LA GACETA.

El inspector explicó que a raíz de las falta de controles en la orina y del equipamiento necesario para su almacenamiento “se podría haber infectado toda la zona; es una amenaza muy grande al medio ambiente y a las personas que viven en la zona. Al no estar sometida a controles, podría tener sífilis o cualquier enfermedad”. Federico Soria, de la Secretaría de Trabajo, comentó que el motivo de la clausura se debe a que “el galpón no cuenta con las condiciones para la actividad. Se incumple las leyes de Higiene y Seguridad y de Riesgo de Trabajo. No hay contrato de afiliación”. Además “hay residuos patológicos y no existen los más mínimos elementos de trabajo”.

Según el informe policial, como consecuencia de la magnitud de los hallazgos, se realizó un operativo esa noche con el fin de desalojar el lugar y esclarecer los hechos. Allí participó el personal de Criminalística, del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), del Laboratorio Toxicológico de la Institución, Policía Federal Argentina, Dirección de Delitos Rurales y Ambientales de la Institución; de Gendarmería Nacional, y también agentes de las policías federal y provincial.

Se secuestraron alrededor de 300 bidones de cinco litros cada uno, todos conteniendo orina que, en base a lo informado por un trabajador de ese galpón, iban a ser trasladados hacia Buenos Aires en un flete, para luego ser distribuidos a Europa y algunos países asiáticos.

Miguel Gómez, un trabajador del galpón, dijo a LA GACETA que el lugar lleva funcionando alrededor de cuatro años y que son más de 30 los empleados que están “en negro”, uno de ellos de 17 años.

Funcionamiento

Gómez contó que la empresa contaba con un circuito de recolección de la orina, con un sistema de transporte e incluso con promotoras que iban domicilio por domicilio buscando dadores.

“Hay cuatro camiones; cada uno tiene asignadas dos zonas, las que recorren a diario en busca de los bidones de cinco litros de orina; que previamente habían entregado a los voluntarios”, explicó Gómez.

Dentro del galpón había contenedores con cámara de frío, los cuales se cargaban a diario y cada cuatro días un flete los buscaba y los llevaba a Buenos Aires. “Del traslado se hacía cargo el laboratorio; no sé como son los controles en las rutas”, manifestó Gómez.

Al ser preguntado por los controles a la orina, el trabajador dijo que “no se realizaban”.

“Nunca nos asustó que haya algo en la orina; hace años que está el negocio y no nos enteramos de alguien que le haya pasado algo”, aseguró.

Por último, el empleado aseguró que el negocio no se realizaba únicamente en la Banda del Río Salí sino también en otras ciudades de la provincia, como Yerba Buena, Aguilares y San Miguel de Tucumán.

“Sólo es orina, pero actuaron como si traficáramos órganos”

“Estábamos trabajando, y el operativo que hicieron era como si buscaran a Pablo Escobar, no sé si estaban buscando droga, órganos o algo sumamente ilegal, pero allí había orina y nada más”, dijo Miguel Gómez, uno de los empleados del galpón, que junto a sus compañeros reclama que “la actuación policial fue una exageración”.

A pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor que salía de las instalaciones, los empleados manifestaron que “no había mal olor” y que las denuncias se debían a un conflicto personal con una de las vecinas.

Los trabajadores explicaron que la clausura del lugar no sería permanente y que desde el Gobierno dieron plazo a los trabajadores del galpón hasta el 5 de marzo para poner en regla a los empleados y “acondicionar el lugar”. “Lo suspendieron porque no teníamos guantes ni barbijos, tampoco matafuegos”, afirmó Gómez.