La Justicia penal de la capital recibió 2.279 presentaciones referidas a presuntas maniobras delictivas cometidas por intermediarios falsos del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Este volumen de denuncias relativas a los mismos hechos quedó a la vista a propósito de la causa penal iniciada en enero contra la cooperativista Elizabeth Alzogaray y supuestos miembros de su organización. Las actuaciones, que estaban desperdigadas en las distintas fiscalías de la capital, quedaron acumuladas en “Alzogaray”, el expediente más nuevo. El 22 de marzo, Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, resolvió que la megacausa abierta por el fiscal Diego López Ávila (N°4) pasara a la fiscala Adriana Reinoso Cuello (N°6), previa escala en la Fiscalía N°11, que dirige como subrogante el propio López Ávila.
La atribución de la competencia a la Fiscalía N°6 se funda en la fecha de la primera denuncia ratificada: 15 de marzo de 2016. Noguera consignó en su resolución que, sin perjuicio del criterio que venía sosteniendo (en esencia, privilegiar la oficina que había intervenido en primer término ante la duda o cuando el caso estaba avanzado), advertía que los hechos en cuestión eran resonantes y que habían afectado “a miles de personas a lo largo de los años”. Noguera indicó que los presuntos delitos se remontarían a enero de 2015, pero que, como no era posible determinar con exactitud rigurosa la época ni la primera erogación patrimonial realizada por las víctimas, correspondía atenerse a la denuncia confirmada con mayor antigüedad (un año).
“En consecuencia y ante la cantidad de víctimas, las repercusiones en la sociedad, la magnitud de la causa y la circunstancia de que los imputados están con prisión preventiva, deberá intervenir la Fiscalía N°6 con la recomendación de que dé celeridad al proceso. Las nuevas denuncias deberán acumularse mientras el estado de la causa lo permita”, expresó Noguera.
La resolución del fiscal de Cámara en principio zanjó un conflicto de competencia peculiar, donde López Ávila giró, en su condición de fiscal N°4, el caso “Alzogaray” a la Fiscalía N°11 que encabeza de manera provisoria. Para proceder de ese modo, consideró que la mayoría de los posibles hechos ilícitos ocurrieron en noviembre, cuando estaba de turno la Fiscalía N°11 inaugurada a comienzos de aquel mes. Si de entrada podía parecer que se mandaba el caso a sí mismo (o que sólo cambiaba de oficina), luego resultó que, en realidad, estaba perdiéndolo. Ocurre que la fiscala Adriana Giannoni (N°8) se constituyó en la Fiscalía N°11 a los efectos de analizar la inhibición de López Ávila y planteó el conflicto de competencia ante Noguera. “Toda la presunta maniobra de la estafa tuvo ejecución y desarrollo aún con antelación a la misma creación de la Fiscalía N°11. La atribución de competencia a esta unidad fiscal es desacertada”, afirmó Giannoni, que por su parte controla otra causa penal ligada al Ipvdu (ver: “Causa Marán”).
De las 2.300 denuncias recopiladas sólo avanzaron las presentadas en enero a López Ávila, fiscal de feria, a partir de que Noemí Ferrioli, interventora de la Vivienda, avisara a la Justicia sobre la actividad ilegal de supuestos intermediarios que ofrecían casas del Estado a cambio de sumas variables de dinero (entre $ 4.000 y $ 100.000). La Fiscalía N°4 no sólo detuvo a Alzogaray y a varios de sus presuntos colaboradores, sino que reunió numerosas pruebas. El destino de ese trabajo ahora depende de Reinoso Cuello, que todavía puede rechazar la megacausa e incluso colocar la decisión final sobre la competencia en manos del jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez.
PISTAS PARA ENTENDER EL CASO Y EL CONTEXTO
¿Dónde estaban las 2.300 denuncias?
Del expediente “Alzogaray” surge que había presentaciones contra los presuntos gestores del Instituto de la Vivienda (Ipvdu) en distintas fiscalías de la capital. La N°5, a cargo de Washington Navarro Dávila, tenía 1.394 denuncias.
¿Cómo comenzó el proceso de López Ávila?
A partir de una publicación de este diario, Noemí Ferriori, interventora del Ipvdu, informó a la Justicia sobre la existencia de una presunta organización dedicada a estafar a quienes aspiraban a vivir en un barrio construido por el Estado.
¿Qué refieren las presentaciones?
En términos generales, que existiría una red de supuestos intermediarios que ofrecía facilitar el acceso a casas del Instituto de la Vivienda a cambio de sumas variables de dinero (entre $ 4.000 y $ 100.000).
¿Está el Estado implicado en esta causa?
Aunque Elizabeth Alzogaray, supuesta cabecilla de la red de intermediarios, dijo que había tenido nexos con numerosos funcionarios públicos y con el ex interventor Gustavo Durán (fallecido), no hay autoridades estatales imputadas en el caso.
¿Todas apuntan contra el grupo de Alzogaray?
Muchas de las denuncias no identifican a los autores de la probable maniobra delictiva. Ello no obsta a que, durante la investigación penal preparatoria, los hechos puedan ser atribuidos a los imputados conocidos o a otros nuevos.
¿Qué exigen los supuestos estafados?
Que el Gobierno les reconozca el derecho a tener una casa del Ipvdu por haber entregado sumas variables de dinero al grupo de intermediarios apócrifos que conducía Alzogaray, reclamo que aún no ha surtido los efectos buscados.
¿Qué pasó con las denuncias previas a enero?
No se sabe. Como estuvieron en manos de distintos fiscales, su tratamiento no fue uniforme aunque es posible que no haya habido avances sustanciales. Las 2.300 presentaciones existentes y las nuevas quedaron acumuladas en “Alzogaray”.
¿Es usual que haya megacausas como esta?
No. El expediente acumula 37 cuerpos. Diez sospechosos declararon como imputados mientras que seis tienen prisión preventiva: Alzogaray, Marta Helena Campos, Adela Bustos, María Alejandra Espinoza, Ruth Jiménez y María Esther Soraire.
CAUSA “MANZARAZ”
Supuestos estafados simularon que querían comprar una casa e implicaron a un agente
Con el afán de exponer la realidad del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), tres presuntas víctimas de la supuesta red de gestores que lideraba la cooperativista Elizabeth Alzogaray simularon que deseaban adquirir una casa construida por el Estado y terminaron comprometiendo al agente Daniel Manzaraz. Ese empleado de la Vivienda fue aprehendido el 2 de marzo, cuando se dirigía a la escribanía para recibir una seña de $ 100.000. La causa penal está en manos del fiscal Diego López Ávila (N°4 y -subrogante- N°11), que accedió a liberar a Manzaraz a cambio de una caución real de $ 80.000. Los simuladores Antonia Lobo, Juan Acosta y Manuel Liquitay relataron que entraron en contacto con el agente en virtud de una publicación de Facebook, y que, durante las tratativas, incluso se vieron adentro del Instituto (en el área de Investigación Social). Lobo, Acosta y Liquitay registraron el proceso de adquisición de una vivienda en el barrio “Manantial Sur” mediante fotografías, grabaciones y filmaciones. En uno de esos registros, el empleado estatal aparece definiéndose como un agente inmobiliario y prometiendo la preadjudicación inmediata de la vivienda.
CAUSA “MARÁN”
La fiscala Giannoni controla el proceso que involucra a altos mandos de la vivienda
La fiscala Adriana Giannoni (N°8) abrió un proceso a mediados del año pasado luego de que la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) revelara la existencia de una estructura paralela en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) en “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de LA GACETA. Elías de Pérez apuntó contra dos funcionarios del Instituto, Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier (fue cesanteado meses después). Ligó al primero a la empresa Marán Construcciones SRL: sostuvo que esta sociedad, que es manejada por sobrinos políticos de Barrionuevo, Darío Nieva y Sebastián Nieva, sería suya (el funcionario negó el vínculo de parentesco). Marán habría sido beneficiada con sobreprecios y numerosas facilidades, y el 95% de su trabajo provendría del Instituto. En cuanto a Jiménez Augier, Elías de Pérez dijo que sería el encargado de adjudicar casas del Estado a cambio de comisiones. Según la senadora, Jiménez Augier no podría justificar su patrimonio ni su nivel de vida, y habría atesorado U$S 500.000 en una caja de seguridad. La dirigente también cuestionó al ex interventor Gustavo Durán, quien falleció en noviembre.