Fernando Duclos - Agencia DPA

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aún encarcelado, mantiene su candidatura para las elecciones del 7 de octubre.

En el caso de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) decida seguir formando parte de la contienda electoral, la situación se tornaría compleja y la Justicia brasileña ingresaría en un limbo pocas veces visto que incluso podría terminar por anular los resultados de la votación.

A pesar de haber sido condenado en enero por corrupción, las encuestas nunca dejaron de sonreírle a Lula. En los últimos sondeos, el ex mandatario orillaba el 40% de los apoyos en todos los escenarios, casi el doble de lo que tenía el segundo favorito, el diputado ultraderechista y ex militar Jaír Bolsonaro.

Los próximos sondeos revelarán si la prisión de Lula modificó el escenario. Lo cierto es que, por más que se presuma imposible hacer campaña tras las rejas, no existe una ley que lo impida.

La “Ley de expediente limpio” promulgada en 2010, prohíbe que una persona con condena en firme sea candidato a un cargo público. Si embargo, las diferentes instancias de apelación podrían jugar a favor de Lula.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) es el único órgano que puede decidir si una candidatura es válida o no. Si, como se presume, el TSE invalida la candidatura de Lula, la defensa podrá entrar con un recurso al Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la segunda corte del país. En el caso de que el TSJ rechace el pedido, la siguiente instancia sería el Supremo Tribunal Federal (STF).

Si alguno de los dos tribunales aceptara suspender la decisión del TSE, y mientras no exista una decisión final sobre su ineligibilidad, Lula podría hacer campaña desde la cárcel y tener posibilidades de ganar.

Si eso sucediese, Brasil entraría en una situación casi surreal: para que los votos de Lula se validen, el registro de su candidatura debería ser aceptado. En caso contrario, la elección podría ser anulada, lo que generaría un escándalo a nivel mundial.

“Si el vencedor por votación mayoritaria tiene sus votos anulados, ya sea por suspensión de registro, pérdida de mandato o anulación de diploma electoral, la elección también es nula”, explicó el profesor de derecho electoral Joao Paulo Oliveira al diario “Estado de Minas”.

En el caso de que una candidatura fuese invalidada, los partidos tienen tiempo hasta el 17 de septiembre, 20 días antes de la elección, para cambiar de candidato. Otra opción sería que Lula decidiese bajarse de la candidatura. En ese caso, quienes parecen “picar en punta” para representar al PT en la contienda son Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo, y Jacques Wagner, gobernador del estado de Bahía de 2007 a 2014. (DPA)